Pese a considerar mayoritariamente que las pensiones están en riesgo, los españoles se encuentran entre los ciudadanos de la UE más reticentes a que el Gobierno facilite que las personas mayores sigan trabajando más allá de la edad de jubilación si así lo desean. Sólo el 53% de los encuestados estarían a favor de esta reforma, una proporción que únicamente es más baja en Grecia, Italia y Eslovaquia.
En contraste, en el Reino Unido, Finlandia y Países Bajos el 87% de los entrevistados apuesta por facilitar que se trabaje más allá de la edad de jubilación. La media comunitaria se sitúa en el 66%.
En general, una amplia mayoría de los europeos (84%) y de los españoles (85%) considera que el Gobierno debería dedicar mucho más dinero a las pensiones y la atención sanitaria de los mayores. Este apoyo es especialmente alto en Portugal y Grecia (91%) y el Reino Unido (90%) y se reduce en el caso de Luxemburgo (61%), República Checa (64%) y Eslovenia (66%).
El 52% de los europeos encuestados afirma que los trabajadores van a ser cada vez más reticentes en los próximos años a pagar impuestos y contribuciones sociales destinadas a las personas mayores (una cifra que en el caso de España baja al 45%). Y el 48% considera que las personas mayores aceptan la necesidad de reformas importantes en los sistemas de pensiones para reducir la carga financiera de los trabajadores (43% en el caso de España).
La Comisión Europea tiene previsto presentar mañana un informe en el que alerta de que España es uno de los países de la UE donde más aumentará el gasto público, especialmente en pensiones, de aquí al 2060 debido al impacto del envejecimiento de la población. Bruselas apuesta por reformas en el sistema de pensiones y en el sanitario para contrarrestar esta tendencia y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El informe de Bruselas clasifica a los países de la UE en tres grupos dependiendo del impacto del envejecimiento de la población sobre las cuentas públicas. Y España se encuentra en el grupo peor situado, donde este impacto será más importante (7 puntos porcentuales del PIB o más). Junto con España, los países que están en peor posición son Luxemburgo, Grecia, Eslovenia, Chipre, Malta, Rumanía, Irlanda y Bélgica.
«En algunos de estos países, hay una necesidad urgente de reformas en los sistemas de pensiones y sanidad para frenar la tendencia de gasto a largo plazo, mientras que otros deberán garantizar que pueden recaudar suficientes ingresos para hacer frente al aumento del gasto, señala el Ejecutivo comunitario.
En concreto, el gasto por pensiones en España aumentará 6,7 puntos porcentuales del PIB de aquí al 2060, frente a 2,4 puntos de media comunitaria. A ello hay que sumar también las aportaciones para la sanidad, que en el caso español aumentarán 1,6 puntos, y el gasto por las atenciones a largo plazo de las personas mayores, que subirá 0,9 puntos.
Estos incrementos se verán contrarrestados, aunque sólo en parte, por un recorte de 0,4 puntos en los beneficios por desempleo, mientras que las inversiones en educación se mantendrán prácticamente estables (+0,1 puntos).
Sumando todas las variables, el gasto público relacionado con el envejecimiento de la población subirá en España 9 puntos del PIB en el 2060, casi el doble que la media comunitaria (4,7 puntos).
En el segundo grupo de países delimitado por Bruselas, Países Bajos, Finlandia, República Checa, Lituania, Eslovaquia, el Reino Unido, Alemania y Hungría, el coste del envejecimiento es limitado, pero todavía muy alto (entre 4 y 7 puntos porcentuales del PIB). Algunos de estos Estados miembros han realizado ya reformas de sus sistemas sociales para limitar el incremento del gasto público, pero el Ejecutivo comunitario ve necesarios más cambios.
Finalmente, el incremento es más moderado (4 puntos porcentuales del PIB o menos) en Bulgaria, Suecia, Portugal, Austria, Francia, Dinamarca, Italia, Letonia, Estonia y Polonia. La mayoría de estos países ya han llevado a cabo importantes reformas de sus sistemas de pensiones, y en algunos casos han cambiado parcialmente a sistemas privados (Bulgaria, Estonia, Letonia, Polonia y Suecia).