– La ARMH presenta en la Audiencia Nacional una denuncia por la desaparición de 30.000 personas durante la Guerra Civil y el franquismo.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a la admisión a trámite de la denuncia de la ARMH y de otras siete presentadas posteriormente.
Garzón pide a los Ministerios del Interior y de Defensa que le remitan los informes que tengan sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo para determinar si es competente para investigar los hechos y solicita a los denunciantes un listado completo de víctimas.
Garzón pide al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo antes de determinar si es competente para instruir la causa.
– Garzón da un plazo de quince días a las asociaciones de familiares de desaparecidos que han presentado denuncias en su Juzgado para que le faciliten una relación de los desaparecidos y de la posible ubicación de las fosas.
– Garzón recibe una lista con los nombres de 143.353 desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura, entregada por la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo.
– Garzón dicta una providencia en la que amplía su petición de información sobre el número de muertos y desaparecidos a diferentes organismos estatales.
Garzón se declara competente para investigar los hechos al estimar que se trata de un delito que encaja en el contexto de crímenes contra la humanidad y que, por tanto, no ha prescrito.
En un auto, admite a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos autoriza exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda España, entre ellas la que se supone que alberga los restos del poeta Federico García Lorca.
Garzón convierte de diligencias previas en sumario la causa, con la intención de que el fiscal -que sostiene que el juez no es competente- se vea obligado a recurrir sus decisiones ante él y no ante la instancia superior, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía interpone un recurso de apelación ante la sala de lo penal contra la decisión de éste de declararse competente.
– La sala de lo penal acuerda paralizar la exhumación de los restos de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo autorizadas por Garzón hasta decidir si el magistrado es o no competente para investigar los hechos, accediendo así a una petición de la Fiscalía en este sentido.
– Garzón deja de investigar el franquismo y se inhibe en favor de los juzgados de los lugares donde se ubican las fosas con los restos de los desaparecidos, pero insiste en que los delitos «permanecen» y acusa al franquismo de arrebatar a su identidad a miles de niños para educarles en la «afección al régimen».