El fondo de «rescate» estará destinado a las entidades con problemas, especialmente de liquidez, que precisen una actuación de este tipo en última instancia, ya que se prevé que, ante estas dificultades, la solución se busque primero entre en el sector privado; después, si es necesario, actuaría el Fondo de Garantía de Depósitos, y si no se resuelve el problema, intervendría el fondo.
Así, el fondo se reservaría sólo para los casos más extremos y además podría lanzar emisiones de deuda, con aval del Estado, que permitirían aumentar su capacidad de alcance, según han señalado las mismas fuentes consultadas.
Sin embargo, el decreto está pensado como un abanico amplio de herramientas para dar apoyo al sistema financiero español en un momento de crisis sistémica, agregaron.
El decreto incluirá medidas que apoyen las fusiones de entidades bancarias, que deberían nacer de la iniciativa privada de las propias entidades, para favorecer un robustecimiento del sistema.
Además, se quiere permitir que el Fondo de Garantía de Depósitos, tanto el de bancos como el de cajas, pueda intervenir de manera puntual en entidades de probada solvencia que estén pasando por situaciones de crisis de liquidez puntuales.
Este apoyo se limitaría a sólo unos meses y no supondría el relevo de la dirección de la entidad, si bien se aplicaría, tal y como señalan todo los puntos del decreto, una fuerte tutela del Banco de España.
Sólo si fallase esta segunda línea de defensa se aplicaría la tercera, el fondo de rescate del Gobierno, cuya intervención supondría el relevo de la dirección en las entidades afectadas, según el proyecto que el Ejecutivo está manejando en este momento, indicaron las mismas fuentes.
Negociación con la AEB y la CECA
El texto del decreto se está negociando con la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y también con los principales partidos políticos para que tenga el consenso suficiente cuando se apruebe antes del verano.
Así, cuando las entidades informasen de sus resultados del segundo trimestre del año y facilitasen datos sobre su solvencia liquidez y evolución de la mora, los necesarios «rescates» que fueran precisos o dignos de estudio dispondrían de las herramientas necesarias.
Tanto la CECA como los partidos políticos catalanes PSC, CiU y ERC están condicionando su apoyo a que no se modifique la Ley de Cajas, según las fuentes políticas consultadas.
El pasado 20 de mayo, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, aseguró que el fondo de ayuda a la banca que prepara el Ejecutivo «minimizará la implicación de recursos públicos».
Salgado explicó que el fondo «sólo entrará en acción» si no fructifican las soluciones privadas entre entidades ni la vía del Fondo de Garantía de Depósitos, que, recordó, se nutre de las aportaciones de las propias entidades.
Insistió en que el nuevo «esquema» bancario no modifica la naturaleza de las cajas y, por tanto, tampoco interfiere en las competencias autonómicas.
A su juicio, el sistema financiero español adolece de una «sobrecapacidad» de número de entidades y de red de oficinas, que lo puede hacer «menos resistente» a las consecuencias de la crisis y justifica, por tanto, la necesidad de reestructurarlo.
Ayer mismo, Salgado dijo que el Gobierno estaría receptivo a futuras concentraciones entre cajas de ahorro, respetando la independencia de actuación de las entidades, y siempre que reciban en visto bueno del Banco de España y de los gobiernos de las CCAA que tienen encomendada su tutela.
Según fuentes financieras, el consejo que controlaría el nuevo fondo estará compuesto por entre ocho y diez miembros, de los que el Banco de España aportaría más de la mitad, mientras que el resto pertenecerán al Fondo de Garantías de Depósitos.