«Este impuesto está sujeto a una regulación estatal, la Comunidad de Madrid no puede alterar las reglas de punto de conexión del citado impuesto. La Comunidad sí recibe el 100% de la recaudación de dicho tributo y, en consecuencia, lo que hace con esta actuación el Gobierno de la Comunidad es reducir la fiscalidad de los ciudadanos que pagan el impuesto en la Comunidad en un 20%», explicó el Consejero.
La medida, adoptada por el Ejecutivo autonómico para impulsar el sector de la automoción, fue anunciada el pasado 30 de abril por la presidenta Esperanza Aguirre y tiene carácter retroactivo. De este modo, los madrileños que compraron sus vehículos a partir de esa fecha, se verán beneficiados por una reducción que ronda los 302 euros de media, ya que el impuesto depende del vehículo.
El vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción, Faconauto, Francisco Salazar-Simpson, comentó que éstas son buenas noticias «tanto para el sector como para los consumidores madrileños de automóviles».
«La crisis que vivimos actualmente en el automóvil en España es probablemente una de las más agudas de las que este sector ha vivido en muchos años, nos devuelve a unas situaciones de mercado prácticamente irreconocibles desde 1990 y nuestra economía es lo suficientemente grande como para permitir que un sector como éste sea tan golpeado por la crisis como lo está siendo», explicó.
Salazar-Simpson achacó la crisis que atraviesa el sector a la crisis financiera pero también a la de confianza en el consumidor y sus poderes públicos y en sus agentes sociales, pero consideró que con esta medida «la Comunidad de Madrid recupera la confianza del consumidor».
Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos de Motor, Reparación y Recambios, Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, alegó que ante una crisis «tremenda» como la actual, «son muy gratos actos como éste, en el que se ve cómo la Administración se preocupa por en el sector».
Sánchez Torres sentenció que el sector que preside, el de la distribución, «necesita más que nadie esas ayudas, porque un 90% de sus empresas son pymes que carecen del músculo financiero para soportar esta situación». Por tanto, «estas medidas son extraoridinariamente bien recibidas», agradeció.
Beteta señaló la importancia de esta medida hacia un sector tan importante para la Comunidad de Madrid, donde supone el 17% del Producto Interior Bruto industrial de la región, emplea a unas 78.000 personas de manera directa y a cerca de 300.000 indirectamente.
Además, explicó que el sector conforma una infraestructura que agrupa a unas 500 empresas y que supone el 1,7% del PIB de la Comunidad, donde se producen el 6% de vehículos de España pero que compra el 26% de los que se venden en el país.
Medida no discrimitaroria
Durante la presentación de la publicación, Beteta criticó las medidas para incentivar la compra de vehículos anunciadas por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, consistentes en ayudas directas de 500 euros para los compradores de vehículos nuevos y que pueden ser ampliadas por las comunidades autónomas.
Al ser preguntado sobre si la Comunidad no aportaría más dinero a los compradores a cambio de la mencionada reducción, Beteta explicó que el Estado «diseñó un baile, que es el charleston». «Y yo bailo el vals, y todos bailamos en función de beneficiar al conjunto del sector y de los ciudadanos, pero a mí el Estado no me marca el baile que yo tengo que hacer, sobre todo sin haber hablado conmigo pues no habló ni conmigo ni con nadie», consideró.
«El Gobierno de la Nación se sacó de la manga en el Debate sobre el Estado de la Nación este charlestón, nuestra filosofía pasa por bajar los impuestos porque lo que hace el señor Sebastián es discriminar a un sector frente a otro», valoró Beteta.
El consejero replicó que el carácter de la medida presentada por la Comunidad está relacionado con el hecho de que el sector de la automoción «tiene una fiscalidad adicional, que es el impuesto sobre determinados medios de transporte, que no tienen otros sectores», y que por este motivo, para evitar la discriminación entre sectores, la solución está «en actuar en el lecho diferencial negativo que tiene el sector de automoción», que supone más gravosidad para el ciudadano.
Según Beteta, «actuar en la fiscalidad es rebajar el coste que tiene para el ciudadano», lo que, según apuntó el consejero, «anima al ciudadano para que tenga más renta disponible y así puede consumir» y generar «riqueza y empleo» al posibilitar la inversión de ese capital en otros sectores.