Así lo ha asegurado hoy la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, en una rueda de prensa en la que ha hecho público el dictamen aprobado el pasado viernes por el pleno del órgano regulador, que al ser favorable a la renovación (desde 2009 a 2019) no es vinculante para el Ejecutivo.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dispone de un mes para tomar una decisión sobre la planta burgalesa, cuya actual licencia de explotación acaba el próximo 5 de julio, dos años antes de que expire su vida útil.
Este informe «condicionado» del CSN, que se aprobó por unanimidad y no obtuvo ningún voto particular, impone al titular de la planta (la empresa Nucleanor, participada por Endesa e Iberdrola) 15 condiciones, que incluyen tanto las aplicables a todas las centrales como las específicamente identificadas para Garoña.
Establece, además, unos plazos para cumplir las condiciones y en caso de que no fuera así el CSN podría proponer al Gobierno revocar la licencia, según Martínez Ten, quien ha señalado que no le corresponde al órgano regulador cuantificar las inversiones que deberá realizar el titular para garantizar la seguridad.
La presidenta ha subrayado que el informe se ha basado «únicamente» en aspectos técnicos y ha sido ajeno a consideraciones de política energética, que sí podrá tener en cuenta el Gobierno a la hora de tomar su decisión.
Ha insistido en que las elecciones europeas celebradas ayer no han influido en el hecho de que el Consejo agotase el plazo para emitir su informe, ya que hasta el viernes por la tarde el pleno estuvo discutiendo las condiciones que lo acompañan.
Ha asegurado, además, que el Ministerio de Industria no recibió ninguna comunicación antes del viernes, con lo que el Gobierno desconocía hasta ese momento el sentido del informe.
Previamente a su comparecencia ante los medios, Martínez Ten ha entregado el dictamen al ministro de Industria, Miguel Sebastián, y, a través de él, ha agradecido al Gobierno «el respeto escrupuloso» que ha tenido con el trabajo del Consejo, que -ha dicho- no ha recibido «absolutamente ninguna presión».
El titular de la central solicitó la renovación del permiso de explotación por diez años más en julio de 2006 (tres años antes de que expirase la actual licencia) y desde entonces el CSN ha realizado cerca de 70 inspecciones a la central.
Entre las condiciones impuestas para la continuidad de la central figura la de instalar antes de 2011 un nuevo sistema de tratamiento de gases radiactivos en caso de accidente, así como mejorar la protección contra incendios de equipos y sistemas de seguridad, antes del año 2013.
Algunas modificaciones exigidas requerirán el visto bueno del CSN, antes de la puesta en marcha de la central después de la parada de recarga de combustible de 2013, con el objetivo de garantizar las inversiones necesarias en los plazos previstos, como requisito para que la central pueda seguir operando.
Santa María de Garoña fue construida en la década de los sesenta, tomando como referencia las centrales norteamericanas de Dresden 2, Monticello y Oyster Creek, las cuales han visto renovados sus permisos de explotación hasta los 60 años a pesar de que «la vida de diseño» de todas ellas es de 40 años.
Martínez Ten ha destacado que Garoña «es tan segura como las centrales francesas, suecas o americanas de su mismo diseño» y ha recordado que el Consejo puede suspender el funcionamiento de una instalación nuclear antes de que cumpla 40 años.