Daniel Klein y Mansour Ojjeh proponen igualmente que se examine y apruebe la remuneración anual del consejo de administración y del primer ejecutivo del grupo, José Manuel Muriel.
También plantean una modificación de los estatutos sociales, relativa a la forma de adopción de los acuerdos por la junta de accionistas.
Ante las propuestas de estos accionistas, el consejo de administración propone que sólo se dirija la acción social contra los hermanos Salazar, que se fije en 41.000 euros la retribución de cada miembro del consejo en concepto de dietas para el ejercicio del 2009 y que no se adopte ningún acuerdo sobre la retribución de Muriel, puesto que ya se ha fijado a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. También rechaza el punto planteado por ambos en relación con la modificación de los estatutos.
Responsabilidades
Daniel Klein y Mansour Ojjeh pretenden que se vote acerca de la acción social de responsabilidad contra los nueve miembros del consejo que el pasado 27 de febrero adoptaron el acuerdo de conceder un préstamo -de 204,5 millones de principal y 8,2 millones de intereses-, a la sociedad Pahes Desarrollo Empresarial (antigua Cóndor Plus), «con habilitación al consejo para su ejercicio en los términos que considere más adecuados».
De aquel consejo de administración se ausentaron seis consejeros (Daniel Klein, Lucas Torán, el presidente de Cajasol, Antonio Pulido, y los tres representantes de Caja Madrid).
Entre otros, la operación fue aprobada por Unicaja, CajaGranada y Cajasur, cuyos representantes en el consejo de SOS han sido sustituidos recientemente.
Tras la destitución de los hermanos Jesús y Jaime Salazar como presidente y vicepresidente de la compañía, el consejo de administración revocó el acuerdo de concesión del crédito.
La disposición de fondos por parte de los Salazar obligó al Grupo SOS a reformular las cuentas de 2008, que arrojaron unas pérdidas de 190 millones de euros tras realizar una provisión por el mismo importe.
Además de la acción social de responsabilidad que se decida en la junta, el consejo de administración pretende presentar una querella contra los ex ejecutivos por apropiación indebida y administración fraudulenta, entre otros delitos.