En el debate, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha defendido que la nueva ley «garantiza la seguridad jurídica y la apertura del proceso electoral que tiene que llevarse a cabo en otoño» en Caja Madrid.
También ha criticado la «arbitrariedad del Gobierno de la nación a la hora de utilizar los recursos de inconstitucionalidad» y ha expresado el «máximo interés» del Ejecutivo regional por que «todos» y «muy especialmente» el PSOE se sumen al «acuerdo de estabilidad» alcanzado en la entidad.
El socialista Adolfo Piñedo le ha replicado que «no es de recibo ir a un reparto de cargos en Caja Madrid sin otra sustancia que asegurar a Esperanza Aguirre que sea la que controle la Caja».
«El ansia de Esperanza Aguirre por controlar Caja Madrid no es la solución al problema de la entidad, es un problema añadido, por eso esperamos que Rajoy ponga orden en este carajal», ha aseverado Piñedo.
El diputado del PP Pedro Muñoz ha hecho hincapié en la falta de «coherencia» de los socialistas madrileños, por criticar aspectos de Caja Madrid similares a los de las cajas de las comunidades donde gobierna el PSOE, y ha afirmado que «el discurso de la pelea del PP en Caja Madrid y del PP está solo ya no existe».
«Quienes hoy están solos y crispados son ustedes. Nosotros hemos firmado un acuerdo con más de diez instituciones en Caja Madrid y cuando ustedes se enteraron parece que les dio un ataque de cuernos», les ha espetado a los parlamentarios del PSOE.
El representante de IU, Miguel Reneses, se ha mostrado convencido de que con esta ley y con el acuerdo de estabilidad impulsado en Caja Madrid por el PP, IU y Comfia-CCOO «se puede recuperar lo desandado, hacer posible la normalización de la Caja, mejorar su funcionamiento y evitar veleidades privatizadoras».
«Sólo desde el consenso y el interés general se puede salir del carajal», les ha dicho a los socialistas.
El PP -con mayoría absoluta en la Cámara- ha incorporado a la ley cuatro enmiendas de IU y ha rechazado las nueve propuestas por el PSOE.
Las enmiendas de IU suponen que los miembros de la Comisión de Control de Caja Madrid que quieran solicitar un crédito a la entidad tendrán que pedir autorización a la Comunidad de Madrid y que los consejeros generales tendrán copia del acta de los acuerdos que se adopten en la Asamblea.
También, que los consejeros generales correspondientes a cada entidad representativa serán elegidos por estas entidades «de entre personas de reconocido prestigio o experiencia en las materias relacionadas con la actividad de la Caja».
La Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid mantiene algunas de las novedades introducidas en la reforma de diciembre, que afectan a la composición de los órganos de dirección de Caja Madrid y que, según el PSOE, permiten que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, «tenga más poder» en la entidad.
Entre ellas, Piñedo ha destacado la potestad que reserva al consejero Beteta de elegir al 51% de los consejeros generales que representan a las entidades sociales.
Los socialistas aseguran que, dado que «hay un montón de chiringuitos políticos disfrazados de entidades sociales», Beteta «colará» a los «chiringuitos afines» a Esperanza Aguirre.
Por eso, una de sus enmiendas proponía que esos representantes los elegiera por mayoría de dos tercios el Parlamento madrileño.
El PSOE también ha criticado que la ley cambie la mayoría de dos tercios del Consejo de Administración que antes se exigía para quitar los poderes ejecutivos al presidente de Caja Madrid por una mayoría simple, que -según Piñedo- es la que está representada en el acuerdo firmado por el PP, IU y Comfia-CCOO..