Ésta fue de las propuestas formuladas en una asamblea en la que se reclamó al Gobierno una reforma del marco que regula la licitación de obra pública para que las empresas más pequeñas tengan las mismas oportunidades que las grandes.
Para potenciar la competencia, ANCI propone que se controlen las ofertas a la baja en los concursos de obra pública, que se prohíba la concurrencia simultánea de la empresa matriz y sus filiales o que se elimine la exigencia de garantías provisionales para presentarse a los concursos, entre otras cosas.
Asimismo, resaltó la necesidad de acortar a 60 días el plazo máximo de pago entre empresas y a 30 días en el caso de las Administraciones Públicas, de tal forma que se erradique una morosidad que puede llevar a la quiebra a las compañías de menor tamaño.
En esta línea, ANCI reclama a las diferentes administraciones que en el caso de las obras plurianuales ajusten el pago de las anualidades al avance real de los trabajos, haciéndolo constar en las certificaciones de obra.
Junto con la reforma del marco regulador, la patronal hizo hincapié en la necesidad de usar la inversión pública en infraestructuras productivas para contrarrestar la caída del crecimiento económico, objetivo con el que viene reclamando al Gobierno una inversión adicional de 10.000 millones de euros.