Según la presidenta, el objetivo es que los dirigentes y altos cargos de las Administraciones públicas sean los primeros en «apretarse el cinturón» ante la crisis económica «brutal» que vive España, donde «de ninguna manera los paganos pueden ser los más débiles o los más necesitados», afirmó.
La presidenta recordó que esta bajada de sueldos se suma a las dos congelaciones que hace ahora un año se aplicaron al Gobierno regional y altos cargos de la Administración regional y empresas públicas, correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010.
También admitió que los Ayuntamientos y la Asamblea regional son organismos que gozan de autonomía en sus presupuestos y por tanto insistió en que en este caso sólo se «recomienda» que apliquen la bajada de sueldos, aunque se mostró «segura» de que los alcaldes madrileños del PP pondrán en práctica «un ahorro importante» como este.
En el caso de la bajada salarial en la Administración regional se tramitaría mediante una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales, que deberá ir precedida del acuerdo unánime de todos los grupos políticos en la Asamblea y si no, «haríamos un proyecto de ley de lectura única, para lo cual habilitaríamos el mes de agosto», indicó la presidenta.
De un modo u otro, el objetivo es dedicar a la prestación de servicios públicos ese 2% menos que cobrarán desde agosto los miembros del Ejecutivo regional, altos cargos y empresas y «transmitir» a los ciudadanos que los gobiernos del PP en Madrid quieren «poner este crisis donde la ortodoxia manda» y rebajar el sueldo a quienes tiene empleo fijo en lugar de aumentarlo, como según Aguirre, hace el Gobierno central.
La presidenta no supo precisar lo que ahorrará la Comunidad de Madrid con esta bajada de salarios, pero recordó que «somos la primera Administración autonómica española» que adopta una medida similar.
Por contra calificó de «escandaloso y absolutamente contraproducente» que mientras 7.000 españoles van a cada día al paro y los precios siguen bajando, el Gobierno central suba la luz, los sueldos y los impuestos, que aumente el gasto público y que haga «exactamente todo lo contrario» a lo que debería hacer: reformas estructurales y facilitar la contratación.