Según afirmó Corbacho, el Ejecutivo se ha comprometido con la CEOE a enviarles mañana un documento con números y no como el del pasado 13 de julio en el que en materia de rebajas se decía que quedaban «pendientes» de la negociación, cuando en el primer borrador, del 25 de junio, proponía medio punto de recorte.
Aunque el titular de Trabajo no confirmó este punto, indicó que «no hay fecha concreta sobre si será mañana o la semana que viene. Lo que es evidente es que el lunes entraremos en materias concretas», ya que el diálogo social «no puede estar abierto toda la legislatura».
En este sentido, se mostró convencido de que la próxima semana el diálogo social va ir «en la dirección de llegar a un acuerdo». Por ello, restó importancia al aplazamiento de la reunión de esta tarde y pidió que «no se saque de contexto», ya que así todas las partes «podemos tener un poco de margen» para seguir trabajando.
El Ministerio que dirige Corbacho aplazó anoche la cita prevista para hoy hasta el lunes a petición de la CEOE, sin explicar los motivos. El secretario general de la CEOE, José María Lacasa, dijo esta mañana que habían pedido el aplazamiento porque el Gobierno no ha concretado en qué cantidad piensa rebajar las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social.
Sobre este punto, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, evitó dar fechas, cuando hasta ahora se había decantado porque el pacto estuviera cerrado en julio. En cuanto a si el Gobierno podría firmar el pacto sólo con CCOO y UGT, afirmó que «esa hipótesis, de momento, el Gobierno no la contempla», ya que la firma de la hoja de ruta del diálogo social, el 29 de julio del 2008, fue tripartita.
Desde CCOO y UGT, sus secretarios generales, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, expresaron su temor a que la CEOE haya retrasado la reunión para mover el «perímetro» de los temas que se están negociando.
Toxo advirtió de que cualquier aplazamiento «no es bueno», aunque mostró su esperanza en que a partir del lunes pueda haber un avance «importante» e incluso «definitivo», especialmente en materia de protección de los parados que han agotado la cobertura del desempleo y no tienen otras rentas.
El Gobierno propone en su último documento que ese colectivo que carezca de otras rentas cobre durante seis meses, ampliables a otros seis, 420 euros al mes.
Méndez, por su parte, afirmó que, si el retraso en la negociación sirve para recuperar el tiempo perdido y concretar más las posiciones, «incluso habremos avanzando». Sin embargo, avisó de que, si a finales de julio no hay acuerdo, «se pueden generar más problemas de los que hay y no precisamente por parte de los sindicatos».
Asimismo, coincidió con Toxo en que los empresarios no deben aprovechar la situación para abrir de nuevo la negociación y presentar asuntos que han sido aparcados por las partes, en referencia a un nuevo contrato con indemnización por despido de 20 días.
Sobre la posibilidad de que la negociación siga en septiembre, señaló que crearía «incertidumbre» y supondría una «cierta frustración» de las expectativas que la sociedad tiene en el diálogo social, «que no nos debemos permitir».