De esta forma, la antigua Renfe pasó de tener 46.000 empleados a 30.000 a 31 de diciembre del 2004, fecha en la que se produjo la segregación en Renfe Operadora y Adif. Los ERE fueron negociados y aprobados con el apoyo de Semaf, CCOO, UGT y SF, con el rechazo de la CGT.
El ERE aplicado sobre Renfe Operadora contempla un Plan social que refleja el compromiso de al empresa pública de realizar un mínimo de contratos en función de las bajas que se vayan produciendo.
De esta forma, se han producido 634 ingresos, de los cuales un 76% han ido dirigidos a los colectivos operativos que estaban produciendo excesos de jornada, como los conductores, los comerciales y el mantenimiento de los trenes.
El Gobierno asegura que la disminución de la plantilla resulta «imprescindible» para la viabilidad de la compañía y se está llevando a cabo «de manera compatible con la mejora de la eficacia, productividad y calidad en el servicio».