Según el acuerdo alcanzado por los Veintisiete en junio pasado, éstos serán los dos pilares del nuevo modelo comunitario de supervisión financiera, que debería estar en funcionamiento ya el año que viene y con el que la UE busca resolver los fallos detectados en la crisis actual y prevenir que se repitan situaciones similares en el futuro.
Desde la Comisión, fuentes conocedoras de las propuestas legislativas -que todavía no están cerradas-, indicaron que Bruselas se mantiene con estas iniciativas fiel al «espíritu» marcado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en junio.
El nuevo Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos (CERS) se encargará de vigilar la estabilidad del sistema financiero en su conjunto y de emitir alertas y recomendaciones -no vinculantes, recordaron las fuentes- en caso de detectar amenazas.
En este organismo, que partirá de la estructura del Banco Central Europeo (BCE), se sentarán los gobernadores de los bancos centrales de todos los Estados miembros y un representante de la Comisión Europea, así como de los supervisores nacionales, aunque sin derecho de voto.
Con esta composición, se busca mantener un equilibrio entre la representatividad y la eficiencia en el funcionamiento, recalcan desde la Comisión.
Inicialmente, se planteó que la Presidencia del CERS recayera en el presidente del BCE, pero para despejar las dudas de los países que no forman parte del euro, principalmente de Reino Unido, se acordó que la responsabilidad irá a alguno de los gobernadores de los bancos centrales.
En cuanto al nuevo Sistema Europeo de Supervisores Financieros, estará formado por tres nuevas autoridades para la vigilancia de la actividad en los sectores de banca, bolsa y seguros.
Su principal responsabilidad será fijar reglas comunes de supervisión para todos los países e impulsar la cooperación entre las autoridades nacionales de supervisión.
Desde la Comisión, insistieron en que la vigilancia diaria de las entidades seguirá siendo responsabilidad de los organismos nacionales, aunque se crearán grupos de supervisores para las que tienen actividad en más de un país.
En su propuesta del miércoles, Bruselas acotará las áreas para las que las nuevas autoridades podrán dictar normas.
Las fuentes también explicaron que la propuesta de la Comisión plantea dos sistemas distintos de toma de decisiones en el seno de las tres autoridades, uno para la fijación de estándares técnicos y otro para garantizar la aplicación de los mismos en los países.
Entre las tareas de las nuevas autoridades, estará la de dirimir los desacuerdos entre los organismos nacionales de supervisión -por ejemplo, en caso de problemas en una entidad con presencia en varios Estados miembros-.
Sus decisiones serán de obligado cumplimiento, aunque los líderes de la UE ya dejaron claro -para contentar a Reino Unido-, que en ningún caso de ellas podrán derivarse consecuencias presupuestarias para los países.