La oposición regional ha calificado la idea de las tarimas de «ocurrencia» y ha recordado a la presidenta que, por ejemplo, en Madrid hay más de 1.000 centros educativos sin gimnasio.
Aguirre ha reconocido que lo que le gustaría sería «romper el espíritu del 68» y se ha mostrado de acuerdo con la frase que pronunció Nicolás Sarkozy en la última campaña electoral a la presidencia francesa, cuando dijo que soñaba «con una Francia en la que los niños se pongan de pie cuando llegue el profesor y le llamen de usted».
La Comunidad de Madrid prevé que la Ley de Autoridad del Profesor entre en vigor en el segundo trimestre de este curso.
Entretanto, los gobiernos autonómicos de Castilla y León y La Rioja se han sumado a las voces que piden regular el concepto de autoridad pública del profesorado en una norma estatal.
También la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, ha abogado por trasladar la propuesta de Aguirre al sistema educativo nacional y la ha considerado un «gran acierto».
Apoyo y críticas
La futura Ley de Autoridad del Profesor de la Comunidad de Madrid ha recibido este viernes el apoyo de la Asociación Madrileña de Empresas Privadas de Enseñanza (AMEPE-CECE) -que agrupa a casi un centenar de colegios privados y concertados-.
El rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Virgilio Zapatero, ha señalado que la propuesta de Esperanza Aguirre le parece «muy bien», sobre todo porque -en su opinión- «más que para los alumnos, tiene importancia de cara a los padres».
A su juicio, «algunos padres no se han enterado de lo que es un profesor», por lo que esta medida, de llevarse a la práctica -ha dicho-, tendría una «eficacia simbólica».
Enfrente de la Ley de Autoridad del Profesor se ha situado este viernes la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Giner de los Ríos, FAPA ,mayoritaria en la Comunidad de Madrid, que ha defendido que «no es necesaria».
Su presidente, José Luis Pazos, ha advertido de que no va a «consentir que se siga criminalizando a alumnos y padres», y ha abogado por «no confundir autoridad académica con poder represivo».
Las federaciones de Enseñanza de UGT y CCOO han advertido, por su parte, de que dar rango de autoridad pública a los profesores «no mejora por sí solo la convivencia en los centros educativos», por lo que han reclamado acompañar esta medida de otras como «equilibrar la escolarización de alumnos con necesidades especiales».