Ante esta situación, «ganar credibilidad» sobre las posibilidades de nuestra economía para salir de la crisis es, para Martín, la verdadera razón que se oculta detrás de la criticada subida de impuestos que prepara el Gobierno, aunque el objetivo «teórico» sea reducir el déficit para no superar en 2012 el límite del 3 por ciento.
Hasta ahora, la economía española no se ha desplomado más porque bancos y cajas han mantenido «un flujo de crédito», dijo Martín, aunque admitió que este negocio no pasa por su mejor momento y pronosticó que llegará a decrecer en comparación interanual, pues «tiende a ir en paralelo a la evolución del PIB».
Si no hay crédito, difícilmente se pueda recuperar la economía, reconoció Martín, que añadió que este problema «hay que abordarlo con ganas de solucionarlo y no con ganas de hacer propaganda».
Pero además de arreglar las cuentas públicas, ahora mismo lo fundamental es encontrar una solución para el grave problema del desempleo de España, que, a su juicio, tiene que partir «del propio mercado de trabajo».
Y en este contexto, el presidente de la AEB consideró imprescindible el diálogo entre los agentes sociales y el Gobierno y confió que los «rifirrafes» que les han enfrentado «sean sólo eso» y al final acaben «poniéndose de acuerdo».
En cuanto a la situación internacional, Martín dijo que aunque «el gran pánico se ha acabado, aún existen peligros y desequilibrios que hay que corregir», entre ellos que el sector público deje de gastar y empiece a hacerlo el privado.
No obstante, recordó que algunos organismos como el Banco Central Europeo (BCE) «han insinuado» que van a mantener la política monetaria actual «el tiempo que sea necesario para que la recuperación sea sostenible», por lo que en su opinión los tipos de de interés podrían mantenerse en niveles bajos hasta junio de 2010.
Asimismo, Martín confió en que en la reunión del G-20 en Pittsburgh (EE.UU.) se hable «de algo más» que de la política de remuneraciones de los directivos de la banca mundial, aunque se mostró a favor de que se regule «si así lo deciden las autoridades» al tiempo que dejaba claro que estos «bonus» no se dan en la banca minorista española.
Preguntado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Martín no dudó de su constitucionalidad, pero matizó que no le parecerá mal que alguna comunidad autónoma lleve el asunto al Tribunal Constitucional si cree que el decreto invade sus competencias en materia de cajas de ahorros, ya que, según dijo, «me preocuparía más que (el fondo) no se utilizara».
Tampoco quiso opinar sobre los obstáculos que pueden poner los gobiernos autonómicos para autorizar fusiones entre cajas, ya que, dijo, es un asunto que deben resolver estas entidades y las autoridades.
No obstante, consideró que si las cajas «tienen dificultades en sus órganos de gobierno, que propongan la forma de resolverlas», mediante un programa que las autoridades cumplan, y que no se limiten a hacer «declaraciones».