Estos planes contemplan pagar, en el caso de la matriz, el 65% de total de deuda en un plazo de ocho años. Para las filiales (Llanera Urbanismo e Inmobiliaria, Patrimonial Arenall y Aldalondo), las ofertas suponen abonar el 50, el 75, y el 10% del endeudamiento total, respectivamente, en ocho años en los dos primeros casos y en uno en el último.
Los acreedores de estas empresas se pronunciarán en el acto convocado para las 10.00 horas del lunes en el Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia de Valencia, en el que firmarán la propuesta en caso de aceptarla.
Esta junta de acreedores tendrá así lugar casi dos años después de que en noviembre del 2007 la compañía protagonizara la primera gran suspensión de pagos del sector desde que estalló la burbuja inmobiliaria. Desde entonces le sucedieron por este camino otras grandes firmas del sector, como son Martinsa Fadesa, Habitat, Tremón, Aifos, Constructora Pedralbes, Obrum, DHO y Begar, entre otros.
Martinsa y Habitat, las dos mayores en cuando al volumen de deuda con que se declararon insolventes (7.000 y 2.800 millones de euros) confían en superar sus concursos a comienzos del próximo año, gracias a agilidad que introduce en el proceso la reciente reforma de la Ley Concursal.
Sin embargo, la Llanera que salga del concurso será distinta, dado que cuatro de sus filiales no han llegado a negociar con sus acreedores y están en fase de liquidación. Se trata de Llanera Construcciones, Obras y Proyectos; Inversions Monvarla; Entorna Soluciones Medioambientales, y Descans Les Marines.
Así se estableció por el auto del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia del pasado mes de julio, que dictó el fin de la fase común del proceso concursal de Llanera y siete de sus filiales, al tiempo que anunció la fase de convenio para la matriz y tres filiales y la de disolución para las otras cuatro.
En cuanto a los procesos de liquidación, la aprobación del plan para llevarlo a cabo conlleva trámites «relativamente ágiles», según el despacho especializado en concursal Iure Abogados, si bien su ejecución y el pago a proveedores dependen del tiempo que requiera la venta de activos de las compañías afectadas.
Esta firma legal estima que los acreedores de estas empresas pueden recuperar hasta el 60% del importe que les adeudan según el estudio realizado sobre el informe concursal de la empresa.