Scheinin dijo que detrás de la exhibición de fotos de presos de ETA por familiares y amigos hay una «motivación más humana que una incitación a la violencia», premisa necesaria para que exista un delito de enaltecimiento del terrorismo.
Mendia ha indicado que «respeta» la opinión del relator de la ONU, aunque, ha añadido, «no se qué grado de conocimiento puede tener de la sociedad vasca».
La portavoz del Ejecutivo de Vitoria también ha mostrado su respeto, «total y absoluto», a lo que dictaminan los tribunales de justicia «que han dicho claramente en reiteradas sentencias que la exhibición de fotos de presos de ETA puede ser, dependiendo del contexto, conculcación de la ley de víctimas».
Ha insistido en que la jurisprudencia está siendo «bastante clara» en este asunto y ha subrayado que el Gobierno vasco está «muy tranquilo» con la política de retirada de fotos de presos de ETA de espacios públicos.
Partida de medio millón de euros
Precisamente, en la reunión del Consejo del martes, el Gobierno vasco ha aprobado la partida de medio millón de euros para subvencionar a los ayuntamientos los gastos de retirada de pintadas, carteles, fotos o pancartas que atenten contra la dignidad de las víctimas del terrorismo.
Con la aprobación de esta orden se disponen los fondos para llevar adelante el protocolo de actuación acordado la semana pasada entre el Departamento de Interior y la asociación de municipios vascos, para colaborar en la retirada de la simbología que pudiera ser constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo.
La orden aprobada por el Consejo de Gobierno tiene su origen en el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, que insta a los poderes públicos vascos a actuar contra las pintadas y carteles, fotos o pancartas que atenten contra la dignidad de las víctimas.
Recuperación de los espacios públicos
La subvención del Gobierno vasco, de 500.000 euros totales y que será gestionada por la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, ayudará a los gobiernos locales a costear tanto los gastos directos, derivados de la utilización de sus propios servicios de limpieza municipales, como los que resulten de la contratación de empresas o servicios especializados.
El Gobierno vasco ha considerado que con la aprobación de esta orden se da un paso significativo hacia «el logro del objetivo común de todas las administraciones de poner coto a la proliferación de símbolos que entrañan descrédito o humillación de las víctimas y exaltación del terrorismo».
«Un paso, en definitiva, hacia la recuperación de los espacios públicos y hacia su uso normalizado por la ciudadanía vasca», ha señalado.