Así, indicó que esta modificación ha permitido crear un marco que «contribuye al bienestar de los consumidores y a la competencia de las empresas». Según dijo, la Comisión ha incoado más de 50 expedientes sancionadores en el ámbito de las conductas prohibidas y más de 175 expedientes de control contra concentraciones.
Por otro lado, Salgado señaló que, «en un momento de crisis, mejorar la regulación es esencial para ganar competitividad hacia el exterior. Es la única manera de impulsar el crecimiento del empleo», añadió.
En este punto, Salgado aseguró que el Gobierno ya está poniendo en marcha reformas estructurales para ganar competitividad, entre las que mencionó la eliminación de barreras y cargas administrativas para las empresas.
En esta línea, subrayó además que la intención del Gobierno es avanzar en la «agilización y abaratamiento» de la creación de empresas, así como facilitar la contratación pública y la colaboración público privada.
Mención especial dedicó a la transposición de la directiva de servicios, momento que aprovechó para indicar que «sería deseable que a lo largo de la tramitación parlamentaria pudiera conservar todo lo que tiene de apertura a la competencia».
«Lo digo porque hay alguna ley que está sometida en este momento a una presión particular por parte de los colegios profesionales», añadió. Salgado se refirió así a las protestas de estos colegios, que se oponen a lo que entienden una excesiva desregulación de su ámbito.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer, presente también en el acto, destacó el «compromiso» del Gobierno con la competencia por su renuncia hasta el momento de hacer uso de la cláusula de carácter excepcional incluida en la Ley de control de las concentraciones, por la que se permite al Estado actuar en el caso de disentir con la CNC.