Fernández Ordóñez señaló que la recesión española tiene elementos comunes respecto a la de otros países, pero también otros específicos como el ajuste inmobiliario y la mala situación del mercado de trabajo.
En cualquier caso, subrayó que la fase más aguda de la crisis en España ha pasado ya, como lo muestra el hecho de que la actividad entre julio y septiembre, si bien continuó retrocediendo lo hizo a una tasa del 0,3% intertrimestral, una caída más moderada que en los dos trimestres anteriores.
Fernández Ordóñez destacó que la fuerte contracción de la demanda está corrigiendo algunos desajustes, que está causando una destrucción del tejido empresarial y del empleo, y abogó por reducir el déficit público y emprender reformas estructurales.
El gobernador incidió en que los precios de los servicios se han moderado sustancialmente y crecen a un ritmo inferior a los de la zona del euro y añadió que es importante preservar esa moderación de los precios en un futuro próximo.
Fernández Ordóñez afirmó que los ajustes que se están produciendo en la economía española han conllevado un peaje excesivo en el aumento del desempleo y en el deterioro de las finanzas públicas.
Asimismo, calificó de «buenísima» la instauración del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y añadió que las disputas políticas cuestan dinero, lo mismo que la mala gestión.
Dijo que las familias han recortado el consumo de forma más drástica de lo que apuntan algunos datos, lo que ha hecho que el ahorro alcance niveles históricos, por lo que auguró que, si la incertidumbre se despeja, el consumo podría contribuir al impulso de la actividad.
La subida del IVA prevista para la segunda mitad del año que viene podría anticipar las decisiones de gasto para los primeros meses del 2010, agregó.
Según el gobernador del Banco de España, el promedio de actividad de 2010 podría registrar una caída moderada de la actividad por el efecto arrastre de este año.
En el ámbito internacional, afirmó que la recuperación es lenta y no exenta de incertidumbres, aunque subrayó que las perspectivas ya empiezan a mejorar, una mejoría consecuencia de las medidas extraordinarias globales de impulso a la demanda y de apoyo al sistema financiero.
Para impulsar la recuperación económica, consideró «importante» llevar a cabo una agenda «ambiciosa de reformas» para evitar que se materialice el riesgo de una «atonía económica elevada».
En su opinión, la política fiscal ha amortiguado el deterioro de la actividad, en tanto que el esfuerzo presupuestario en España ha sido «muy significativo y superior» al de países de su entorno.
Ante el «agotamiento» de cualquier margen adicional de la política presupuestaria, abogó por adoptar una estrategia de consolidación del gasto público «con transparencia», en la que también deberían participar las comunidades autónomas.
Dada la magnitud del desequilibrio presupuestario, pidió que se revisen algunas figuras impositivas, recurriendo a las menores distorsiones posibles y a la lucha contra el fraude fiscal.
Dentro de las reformas estructurales, destacó la del mercado laboral en materia de contratación y negociación colectiva, así como la educativa, la del patrón de crecimiento y las de los sectores inmobiliario y financiero.