Asimismo recordó que el futuro plan de racionalización que, según lo avanzado por el Gobierno este lunes, se aprobará antes del 10 de abril, contempla una reducción de altos cargos de la Administración General del Estado y la reducción de empresas públicas mediante un proceso de fusiones y concentraciones y el número de sus cargos directivos.
De la Vega defendió el Acuerdo de la Función Pública firmado entre el Ejecutivo y los sindicatos el pasado 25 de septiembre, que contempla una subida salarial del 0,3% para este año y una cláusula de revisión salarial, y aseguró que en junio estarán «en marcha todas las iniciativas» -unas 50-, que contiene.
La vicepresidenta destacó que este Acuerdo es un «buen ejemplo de que se puede hacer frente a la crisis por una administración más eficiente, abierta, transparente e igualitaria», garantizando los derechos de las trabajadores.
En este sentido, señaló que la Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado iniciará en septiembre su tramitación y ya hay constituido un grupo de trabajo para redactar el anteproyecto.
Empleo público
Así, destacó que en la última semana de marzo se aprobará el decreto de creación el Observatorio del Empleo Público y avanzó que ya se está preparando el Plan de Reordenación de Recursos Humanos, «que actuará en todos los ámbitos» que puedan mejorar el servicio de la administración.
Respecto al acuerdo salarial destacó que supone un «importante esfuerzo de austeridad y responsabilidad», habida cuenta de que el reciente acuerdo de negociación colectiva entre patronal y sindicatos sitúa la subida en el 1%.
«Creo que todos se lo debemos agradecer a los sindicatos y empleados públicos», incidió la vicepresidenta, quien aseguró que «desde luego, así lo hace el Gobierno».
Convocatoria en marzo
No obstante, recalcó que este «modelo de austeridad» deben hacerlo el resto de las administraciones públicas, para lo que se requiere del concurso del Gobierno Central, de las comunidades autónomas y de los entes locales, para lo que convocará la Mesa general de Negociación de las Administraciones Públicas el día 23 de marzo.
«El servicio público no es sólo un conjunto de instituciones, tampoco un ejército de personal al servicios del Estado, es sobre todo un compromiso con la ciudadanía y el interés general», incidió antes de pedir un «esfuerzo de responsabilidad» a todas los partidos de la oposición.
Reducción de trabas administrativas
De la Vega defendió que en el Gobierno ha realizado un importante esfuerzo para la disminución de trabas administrativas desde la aprobación del Programa nacional de Reformas de 2005 o del Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas.
«A día de este martes ya hemos acometido 159 actuaciones y hemos puesto en marcha más de 400 proyectos que pueden suponer una reducción de costes cercanos a los 10.000 millones de euros», incidió.