El Tribunal de Cuentas ha emitido una recomendación relativa al uso de medios oficiales de transporte para asistir a actos de campaña electoral, como es el caso del avión Falcon que utiliza el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al objeto de solicitar que se regule su empleo.
El órgano fiscalizador hace esta sugerencia en un informe que acaba de remitir al Congreso sobre la contabilidad de los partidos que concurrieron a las elecciones europeas de junio del 2009, en cuya campaña las candidaturas gastaron en conjunto 36,8 millones de euros y lograron créditos bancarios por valor de 22,6 millones de euros.
Fue el PSOE el partido que más dinero dedicó a esta campaña, 8,6 millones de euros en operaciones ordinarias y 5,3 en envíos de propaganda, en tanto que el PP gastó algo menos, ocho millones en gastos ordinarios y también 5,3 millones para propaganda.
En sus recomendaciones finales, el Tribunal de Cuentas se refiere a la «utilización de medios públicos para desplazamientos de las autoridades, usados por razones de seguridad, así como de otros medios privados» para los actos de la campaña electoral.
Tras recordar que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) sólo considera gastos electorales los realizados por el partido correspondiente, el tribunal recomienda «su regulación».
El Falcon de Zapatero
El empleo de un avión Falcon por parte del presidente Zapatero para acudir a actos del PSOE fue motivo de polémica en fechas previas a las elecciones al Parlamento Europeo de junio del 2009, hasta el punto de que el PP presentó denuncia en la Junta Electoral Central, que se declaró no competente para evaluar las razones de seguridad alegadas por el Gobierno para justificar su uso.
Más allá de la cuestión de los medios de desplazamiento de autoridades de las Administraciones Públicas, el Tribunal reitera las recomendaciones que viene haciendo para precisar mejor la regulación de los gastos por envíos de propaganda y acomodar el límite de gasto a los nuevos soportes publicitarios.
Como conclusiones, confirma que todos los partidos han cumplido con la obligación legal de presentar su contabilidad, constata que ninguna formación ha superado los límites de gasto previstos en la ley y únicamente detecta que algunas empresas no han remitido al Tribunal información detallada el importe facturado a los partidos, aunque no suman un porcentaje significativo del gasto.
De los 36,8 millones de euros que gastaron los seis partidos y coaliciones que consiguieron representación en la Eurocámara, 22 eran por operaciones ordinarias y 14,8 por envíos de propaganda.
Todos ellos declararon recursos por valor de 36,5 millones de euros, con créditos bancarios de 22,6 millones, unos anticipos electorales de 8,2 millones y 5,7 entregados por los propios partidos.
En cuanto a las aportaciones para la campaña de personas físicas o jurídicas, sumaron 37.089 millones de euros. Figura en cabeza de los gastos supervisados el PSOE, que obtuvo 21 escaños y justificó 8.630.866 euros por operaciones ordinarias y 5.320.074 en propaganda; le sigue el PP, vencedor de los comicios europeos con 23 escaños, y el cual gastó 8.026.969 euros y 5.323.885 respectivamente.
Todos los partidos tuvieron que pedir fondos a los bancos: el endeudamiento del PSOE alcanzó los 8.892.889 euros; el PP se endeudó en 8.889.860 euros; Coalición por Europa, en 1.900.000 euros; Europa de los Pueblos (ERC-BNG-Aralar), en 1.186.065 euros; los partidos de izquierda, en 1.272.168 euros y UPyD, en 490.000 euros.