Más de 2,5 millones de trabajadores públicos de las tres administraciones, de la sanidad, enseñanza y justicia, entre otros, están convocados por CCOO, UGT y CSI-CSIF a secundar este martes un paro de 24 horas contra los recortes salariales y sociales aprobados por el Gobierno para reducir el déficit.
Los convocantes esperan que la protesta, que comienza a las cero horas de este lunes por la noche, sea masiva y con este fin han hecho un llamamiento a la sociedad para que participe en el centenar de asambleas, concentraciones y manifestaciones que se celebrarán por toda España.
Los funcionarios y empleados públicos se manifestarán contra las dos principales medidas del real decreto aprobado el pasado 20 de mayo por el Gobierno: un recorte medio del 5% del salario de los funcionarios a partir de junio y la congelación de su nómina en el 2011; y no subir las pensiones contributivas, salvo las mínimas, en el 2011.
Con el recorte salarial, el Gobierno ha previsto ahorrarse 2.300 millones este año y otros 2.200 millones más en el 2011. Para CCOO y UGT, ambas medidas son «injustas, desequilibradas y antieconómicas».
En declaraciones a Efe, el presidente nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CISF), Domingo Fernández, ha criticado al Gobierno por poner las cosas «tan difíciles» a los empleados del sector público, así como la forma «odiosa» en que lo ha hecho.
Mientras, el Gobierno y las comunidades autónomas ya han fijado los servicios mínimos que se deberán prestar y que, en algunos casos, han sido calificados de «abusivos» por los sindicatos.
Servicios mínimos
El Ministerio de Justicia ha fijado que funcionará el Registro Civil para nacimientos, defunciones y matrimonios; además de todas las causas con preso y las medidas cautelares o provisionales.
En el caso de las comunidades autónomas, en Madrid funcionará con normalidad el transporte público (no están afectadas las plantillas de Adif, Renfe, Metro y EMT), mientras que en Cataluña los trenes de ferrocarriles, transferidos, tendrán un 50% del servicio habitual.
En el Congreso y el Senado, que celebran pleno, los servicios mínimos son del 35% y del 27,3%, respectivamente; mientras que en la Agencia Tributaria son del 8%, lo que afectará a las citas previas para hacer la declaración de la renta.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha expresado su «enorme respeto» a la huelga, que espera «se desarrolle en un clima de normalidad». Según explicó, aunque los funcionarios consideran que la «mejor forma de mostrar su desacuerdo» con las medidas del Gobierno es una huelga, el Ejecutivo las ha adoptado porque las cree necesarias.
Para la secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, la protesta «no soluciona una crisis, aunque su partido la ve comprensible y entiende la «indignación» del colectivo, porque son una «parte importante de los paganos del despilfarro de la política» de Zapatero.
No opina lo mismo el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, quien ha vaticinado que la protesta «no servirá para nada» y ha afirmado que él no la haría.
Quinto paro del sector público desde 1988
El de este martes será el quinto paro que secunda el sector público desde 1988.
El primero de ellos fue de dos horas el 24 de noviembre de 1988 contra la política social del Ejecutivo de Felipe González, contra el que más tarde se convocó la huelga general del 14 de diciembre de ese año.
Los siguientes paros, de 24 horas, fueron el 26 de noviembre y el 15 de diciembre de 1992, también contra González y por la congelación salarial de los funcionarios para 1993, la suspensión de la cláusula de revisión y de la oferta de empleo público.
El 11 de diciembre de 1996, se produjo la primera movilización, de 24 horas, contra el Gobierno del Partido Popular por la congelación salarial aprobada para 1997.