La huelga de 24 horas de los funcionarios públicos vuelve a provocar una guerra de cifras a la hora de evaluar su seguimiento. Mientras que la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, cifraba en el 10,99% el seguimiento medio de la huelga en la Administración General del Estado hasta las 13.00 horas, sin incluir a los empleados públicos que están realizando servicios mínimos, que suponen un 6% de la plantilla total, los sindicatos convocantes, CCOO, UGT y CSI-CSIF, elevaban al 75,30% el seguimiento hasta el mediodía del paro entre los trabajadores públicos.
Rumí, en la segunda rueda de prensa para ofrecer datos de participación, volvió a destacar «la normalidad» como nota predominante de la jornada de paro en el sector público, convocada por CCOO, UGT y CSI-CSIF contra los recortes salariales y sociales aprobados por el Gobierno para reducir el déficit.
Rumí, que volverá a comparecer a las 18.00 horas, explicó que sólo ofrecerá datos de la Administración General del Estado obtenidos a través del dispositivo de seguimiento que coordina la Secretaría de Estado de la Función Pública e integran representantes de los diferentes Ministerios, que están en contacto con todas las delegaciones de Gobierno.
Con respecto al seguimiento por sectores, Rumí sólo ofreció la media del turno de noche en Correos, donde el paro fue secundado por el 13,1% de los trabajadores, y en Instituciones Penitenciarias, donde fue del 10%.
Sobre las declaraciones de dirigentes sindicales que denuncian unos servicios mínimos abusivos, Rumí se limitó a decir que las instrucción del Gobierno al respecto han sido «clarísimas» y que dicho servicios sólo afectan al 6% de la plantilla total.
Asimismo destacó que, en atención a la petición de los sindicatos, en los cálculos de seguimiento no se está incluyendo la prestación de los servicios mínimos.
La secretaria de Estado subrayó que dichos servicios mínimos esenciales están garantizando el normal funcionamiento de los servicios básicos y de la atención a los ciudadanos sin incidencias destacables.
En este sentido, dijo que las incidencias son normales «dentro de lo que forma parte de una jornada de paro» e hizo referencia a lo ocurrido esta mañana ante la sede de los Nuevos Ministerios en Madrid, donde un piquete intentó «convencer a los trabajadores de que secundaran el paro, ante lo cual se ha habilitado otra entrada para quienes querían acceder a su puesto de trabajo.
Asimismo, hizo referencia a un piquete en una estación de autobuses en Extremadura y en términos generales habló de pintadas, alguna línea de tren paralizada durante algún tiempo o daños en cerraduras, «un clásico» de las jornadas de huelga.
Por otra parte, Rumí quiso poner de manifiesto el reconocimiento del Gobierno al trabajo que hacen los empleados públicos y el respeto por aquellos que han optado por ejercer su derecho constitucional a la huelga, si bien hizo hincapié en el convencimiento del Ejecutivo de que es necesario «hacer un esfuerzo» en las circunstancias actuales.
Mientras, a la espera de que el Gobierno ofrezca nuevos datos sobre las 13.00 horas, UGT, CCOO y CSI-CSIF cifraban en el 75,30% el seguimiento hasta el mediodía de la huelga en la función pública convocada para la jornada de hoy por estas organizaciones.
El secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, sindicato mayoritario en la función pública, Julio Lacuerda, que fue el que dio el dato de seguimiento, señaló en cualquier caso que el Gobierno «haría mal» en «entrar en una pelea de datos».
En su opinión, es un error pensar que «el malestar de los miles de trabajadores se puede medir por el seguimiento de una huelga, porque dicho malestar, añadió, es «mucho más profundo».
Lacuerda hizo estas declaraciones durante la concentración convocada en Madrid a las puertas del Ministerio de Economía para protestar por la reducción salarial de los empleados públicos, de una media del 5%, aprobada por el Gobierno y que ha provocado la convocatoria de esta huelga.
El responsable de UGT señaló que los sindicatos «no pararán» hasta que se restituya el salario de los empleados públicos, «sea cual sea el Gobierno que gobierne, porque recortar sus sueldos «significa despreciar el trabajo y la dignidad de miles de personas».
En el mismo lugar, el secretario general de la Federación de Servicios para la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, señaló que los sindicatos están «ilusionados, y auguró un resultado positivo en el conjunto de la jornada.
Ante la diferencia entre las cifras sindicales y del Gobierno, Fossoul recordó que el Ejecutivo «siempre dice que son menos» los participantes, «porque para eso les pagan» y añadió que «no hay ninguna huelga en la que la patronal, que en este caso es el Gobierno, coincida con los sindicatos, y eso es sano».
«Recortar los salarios a los más débiles no es la solución para salir de la crisis porque mermará la capacidad del consumo, señaló el dirigente de CCOO, quien rechazó el argumento de que esta medida haya sido impuesta en Europa, porque otros países de la región han optado por otras vías como la de la fiscalidad para reducir el déficit. «Por tanto quién decide es el Gobierno, añadió.
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), Domingo Fernández, señaló por su parte que el gasto debería haberse recortado de otras partidas, y en este sentido denunció que las administraciones públicas autonómicas y locales han vivido «en el despilfarro» en los últimos años.
Fernández también abogó por acabar con los «miles» de asesores que hay en estas administraciones.