Estos son las principales reformas y acuerdos laborales registrados en España de la instauración de la democracia:
Octubre de 1977. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria firman el Pacto de la Moncloa, bajo la presidencia de Adolfo Suárez. El acuerdo contó con el apoyo de Comisiones Obreras (CCOO) y el rechazo de la Unión General de Trabajadores (UGT) y la CEOE.
Diciembre de 1979. Se firma el Acuerdo Básico Interconfederal con la oposición de CCOO. El texto sienta las bases del Estatuto de los Trabajadores e introduce la negociación de los salarios con el referente de IPC previsto por el Gobierno.
Enero de 1980. Se aprueba el Acuerdo Marco Interconfederal con la oposición de CCOO en el que se pacta moderación salarial a cambio de reducción de jornada.
Junio de 1981. Se firma el Acuerdo Nacional de Empleo, bajo la presidencia de Leopoldo Calvo Sotelo, por el que el Gobierno se compromete a crear 350.000 empleos a cambio de moderación salarial.
Febrero de 1983. Meses después de que el PSOE ganara las elecciones legislativas, se firma el Acuerdo Interconfederal que establece la jornada laboral de 40 horas semanales y 30 días de vacaciones a cambio de moderación salarial.
Octubre de 1984. El Gobierno, las principales centrales sindicales y la patronal firman el Acuerdo Económico y Social que permite varias modalidades de contratación temporal con el objetivo de incentivar la creación de empleo.
Diciembre de 1988. El Plan de Empleo Juvenil que abarataba el despido e introducía los contratos temporales para jóvenes trabajadores fue retirada por el éxito de la huelga general sufrida por el Gobierno socialista.
Abril de 1992. El Consejo de Ministros aprueba el Decreto Ley de reforma del mercado laboral que recorta las ayudas por desempleo mediante la reducción del tiempo y la cuantía de las prestaciones y la elevación de seis meses a un año del periodo mínimo de cotización necesario para cobrar el paro.
Junio de 1994. Entra en vigor la reforma laboral promovida por el Gobierno socialista sin la participación de los sindicatos. Las nuevas medidas suponen una flexibilización de la normativa de contratación y negociación colectiva. El nuevo texto legal crea un nuevo contrato de aprendizaje denominado popularmente como contrato basura.
Octubre de 1996. Tras el triunfo del Partido Popular en las elecciones generales, el Gobierno y los sindicatos firman un acuerdo en la Moncloa, al que no se suma la CEOE, por el que el Ejecutivo se compromete a garantizar el sistema de protección social público y el poder adquisitivo de las pensiones hasta el 2001.
Noviembre de 1996. El Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios, firmado por el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO, sustituye al Plan de Empleo Rural.
Abril de 1997. Todos los agentes sociales aprueban el Acuerdo para la Estabilidad del Empleo y la Negociación Colectiva. La reforma establece la creación de un nuevo contrato indefinido para jóvenes, parados de larga duración, mayores de 45 años y minusválidos, así como para la conversión de los contratos temporales a fijos, con un coste por despido improcedente o por causas objetivas menor al actual.
Marzo del 2001. El Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros una serie de medidas para la reforma laboral, como consecuencia del fracaso de las negociaciones con los sindicatos. La normativa extiende el contrato indefinido de fomento del empleo, con indemnización de 33 días, a otros colectivos.
Mayo del 2002. El Consejo de ministros aprueba un Real Decreto Ley de Reforma del Sistema de Protección por Desempleo, conocido popularmente como «decretazo». La reforma laboral, que fue contestada con la huelga general del 20 de junio, fue modificada en octubre en el Congreso con cambios que eliminaban algunos de sus aspectos esenciales.
Mayo del 2006. El Gobierno, la Patronal y los sindicatos aprueban la primera reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero con el objetivo de reducir la temporalidad en el mercado del trabajo y rebajar las cotizaciones sociales de los empresarios.
Junio del 2010. El Gobierno aprueba la reforma laboral que amplía el contrato con 33 días de indemnización en caso de despido improcedente a otros colectivos y establece que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) pague 8 días de las indemnizaciones por despido improcedente y objetivo.