El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, asegura que el Gobierno está dispuesto, «como siempre» a «reflexionar» y abrirse a los grupos parlamentarios «para buscar las mejores soluciones» para casos como el de Rafael García Fernández, conocido como ‘Rafita’, que quedará el viernes libre al concluir los tres años de libertad vigilada que le impuso un juez de menores como parte de la condena a cuatro años de internamiento por participar en el asesinato en mayo del 2003 de Sandra Palo, la menor de la localidad madrileña de Getafe que fue raptada, violada y asesinada en 2003.
Caamaño hizo estas declaraciones a los medios de comunicación, tras su intervención en la presentación del seminario ‘La prueba en el proceso penal’ con motivo de la presidencia española de la Unión Europea. En este sentido apuntó a que «la posición» en temas que afectan al derecho penal y a la Ley de Menores, «ha sido siempre la misma».
«No es prudente reaccionar a la vista de un sólo supuesto, aunque es verdad que hay que hacer todo lo posible para que estos supuestos no se produzcan, subrayó.
Ley «relativamente joven»
Añadió que «a día de hoy, la Ley del Menor, que es una Ley relativamente joven, que tiene una amplia mayoría parlamentaria consensuada, permite a miles y miles de menores que han cometido delitos» que «transiten» por el sistema y sean rehabilitados «con un gran nivel de eficiencia».
Por otro lado, reconoció que «en supuestos como este, que son dolorosos» es perfectamente entendible la posición de la familia y las personas afectadas, «a las que hay que apoyar, pero la posición tiene que estar en analizar si se ha hecho alguno de los pasos mal, pero no necesariamente en analizar la aplicación de la ley en su conjunto.
El 27 de junio del 2007, ‘Rafita’ abandonó el centro de menores Renasco en Carabanchel (Madrid) tras extinguir los cuatros años de internamiento que se le impuso como medida judicial. Tras abandonar el centro, al joven se le trasladó fuera de Madrid a un centro de régimen abierto para cumplir tres años de libertad vigilada.
Durante estos años, el joven no ha dejado de delinquir. En total, se le atribuyen seis delitos desde que tiene la mayoría de edad y cumple el régimen de libertad vigilada. Se le acusa de tratar de robar dos vehículos en Hortaleza y Carabanchel, de dos robos con fuerza cometidos en Alcorcón y Benalmádena (Málaga) y de los intentos de robo en el aparcamiento del hospital de Alcorcón.
Las dificultades en el control de la libertad vigilada llevaron a un enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid e Instituciones Penitenciarias. Tras varias reuniones de expertos, la Administración penitenciaria asumió la tutela del chico.