Tras la decisión de ayer jueves de la juez de archivar el caso de espionaje en la Comunidad por no poder determinar la cuantía desviada a esos menesteres, los principales afectados, Alfredo Prada, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP y Manuel Cobo, recurrirán el auto. Según fuentes próximás al escaño de Granados en la Asamblea, este ha asegurado que recurrirá la decisión de la juez, mientras Manuel Cobo declaró ayer que sus abogados también están sopesando si recurren.
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcárce Codes, decidió ayer jueves archivar el caso del presunto espionaje a políticos en Madrid porque no hay indicios suficientes de que se hayan utilizado medios materiales de la Comunidad de Madrid para esos hechos. La jueza recuerda que seguir a una persona no constituye un delito y que el procedimiento se abrió para determinar si hubo malversación de fondos públicos. A esto, Carmen Valcárce añade que aunque se hubieran utilizado estos fondos públicos para el espionaje y por tanto hubiera delito, el caso se ha cerrado porque es imposible determinar la cuantía utilizada indebidamente.
El vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, afirma que «lo que está probado, no se discute y la juez tampoco niega» es que hubo seguimientos por parte de ex guardias civiles a sueldo de esa Consejería que dirige Francisco Granados.
«Ahora bien, la calificación jurídica corresponde a la Justicia – apunta Cobo – y la juez, con las dificultades del procedimiento, no ha podido determinar la cuantía que habría sido destinada indebidamente a esos seguimientos».
Cobo entiende que los hechos «son absolutamente reprochables y han sido probados» y consisten en el seguimiento a políticos por parte de personas que «no tenían ni competencia ni legitimidad» para hacerlo. Ahora todo queda a falta de una sentencia definitiva en caso de que se presenten recursos contra esa decisión judicial.
El origen del caso está en la publicación por el diario El País. A comienzos de 2009 publicó que algunos políticos madrileños habían sido seguidos por ex policías y ex guardias civiles que realizaron trabajos de inteligencia e información para el actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. Entre los políticos que supuestamente fueron espiados se encuentra el vicealcalde del Ayuntamiento, Manuel Cobo y el ex consejero de la Comunidad, Alfredo Prada.
Para Alfredo Prada, ahora director del PP en el Exterior, «el proceso judicial aún no ha concluido», ha declarado a Europapress. El ex consejero de la Comunidad madrileña ha querido insistir en que serán instancias superiores las que deberán revisar el fallo emitido ayer jueves por Valcárce. «Si la justicia determina que estos seguimientos se me realizaron por mi seguridad o por otros fines no delictivos, bienvenido sea, pero por el contrario, deberá pronunciarse».
Granados pide la dimisión de Prada y Flores
Quién sí que se ha pronunciado ya al respecto ha sido el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, quien ha expresado su deseo de que tanto Prada como Carmen Rodríguez Flores (parlamentaria del PP) dimitan y que además el vicealcalde del Ayuntamiento madrileño, Manuel Cobo, le pida perdón.
Alfredo Prada ha asegurado que no piensa «politizar» el caso y no ha querido comentar nada más al respecto de la petición de Granados sobre su dimisión.
Tanto Prada como Rodríguez Flores, aludieron en su momento a la hipótesis de que funcionarios del departamento del consejero hubieran espiado a políticos madrileños. Granados ha asegurado que la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid Carmen Valcárce de archivar el caso supone que el Gobierno de la Comunidad «no alentó, ni albergó, ni ordenó espionaje a nadie».
Granados ha puntualizado que ha pedido la dimisión de esos dos parlamentarios regionales de manera personal y como secretario general del PP madrileño, de manera que ambos «vivan de otra cosa».
«No se ha producido espionaje ni ninguna ilegalidad» ha dicho un satisfecho Granados, antes de recordar que hubo una investigación interna en el PP, una comisión en la Asamblea de Madrid y otra judicial «sin llegar nada».
«Algunos dieron por buenas esas informaciones para perjudicar y desgastar al Gobierno de la Comunidad y a la presidenta Esperanza Aguirre. Espero que esas personas que se han escudado en acciones judiciales pidan perdón por lo que han hecho», ha agregado.
Hechos aún sin aclarar
Pese a las rotundas palabras de Granados negando el espionaje, la jueza Carmen Valcárce ha dado por probado que el empleado de la Comunidad de Madrid, José Manuel Pinto, realizó anotaciones sobre los partes de seguimiento del vicealcalde, Manuel Cobo, y de Alfredo Prada.
El pasado 23 de junio, Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid y supuesto jefe de la trama de espionaje, dimitió de su cargo después de que su ex mujer, en una entrevista a El País, lo relacionara con el espionaje bajo las órdenes del vicepresidente primero, Ignacio González.