El vicepresidente regional, Ignacio González, ha dicho que no le parece «razonable» que los trabajadores del Metro «paralicen» el transporte público y «perjudiquen» a 6,4 millones de madrileños y a muchos visitantes por no permitir que les rebajen de la nómina una media de 28 euros mensuales por empleado.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, González ha vuelto a criticar la actitud «incomprensible e inadmisible por insolidaria y contraria a la legalidad» de los sindicatos convocantes de la huelga del Metro y la ha comparado con el «diálogo permanente» que, según ha dicho, ha mantenido siempre Metro de Madrid y la Comunidad con los representantes de los trabajadores.
Según el «número dos» del Gobierno madrileño, los sindicatos han adoptado en esta huelga una actitud de «cerrazón» que hace que ellos «no puedan asumir» lo que constituye la «necesidad general» de rebajar las nóminas de los empleados públicos para reducir el déficit.
Respecto a la sexta jornada de paros en Metro que tuvo lugar ayer miércoles, González ha señalado que tuvo un seguimiento del 37% porque se incorporaron voluntariamente a su trabajo «muchísimas mas personas» de las establecidas como servicios mínimos, gracias en parte, ha dicho, a la colaboración de la Policía que veló por la seguridad de estos trabajadores.
No obstante, el vicepresidente ha vuelto a apelar a la colaboración policial y de la Justicia para que eviten la «inaceptable vulneración de la legalidad» y las «coacciones inadmisibles» e intervengan contra los piquetes y contra quienes traten de impedir el derecho al trabajo.
Ha recalcado que le parece «inadmisible» que los trabajadores de Metro se nieguen a que se les rebaje «ni un euro de su salario porque se consideran de mejor condición que el conjunto de los trabajadores del país», que sí han aceptado estos descuentos en aras a «una necesidad reconocida por todos».
En cuanto a los 50 millones que podría haber gastado Metro de Madrid en campañas publicitarias, el vicepresidente lo ha considerado normal porque «es obligado que una empresa pública informe de los servicios que presta a los ciudadanos» y ha recordado que otras empresas de transporte también realizan gastos en publicidad.