La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 15 años de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública. Así consta en el escrito de calificación que el fiscal ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, que el pasado 1 de julio decidió continuar el procedimiento abierto contra Fabra, su esposa, María Amparo Fernández Blanes; el empresario Vicente Vilar y su ex mujer, Montserrat Vives Plaja. El fiscal pide también cuatro años de cárcel para Vilar y su ex mujer y ocho para la esposa de Carlos Fabra por fraude fiscal.
Además, solicita para el presidente de la Diputación de Castellón 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa total de 2.330.000 euros por cinco delitos de fraude fiscal y uno de cohecho continuado.
En el caso de Fernández Blanes, el fiscal pide una multa de 1.186.000 euros por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, mientras que para Vilar y Vives Plaja solicita una sanción económica de 600.000 euros.
La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre 2003 por Vilar, quien acusó a Fabra de cobrarle por hacer gestiones ante los ministerios de Sanidad y Agricultura para conseguir agilizar las autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios.
A raíz de esta acusación, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, y tras ello el juez acordó que se investigaran sus cuentas desde ese año hasta 2004.
En su escrito de acusación, Anticorrupción explica que las presuntas actuaciones delictivas de Fabra se produjeron entre 1999 y 2002, «constando diversas reuniones tanto con responsables políticos como administrativos» de los citados Ministerios y de las Cortes Generales.
Así, relata que en 1999, Vilar y su esposa, administradores de la empresa Naranjax SL, se pusieron en contacto con Fabra para que «valiéndose» de su cargo y de sus contactos intermediara para agilizar la obtención de autorizaciones para fabricar y comercializar fitosanitarios.
La Fiscalía señala que el día 12 de julio de 1999 Fabra mantuvo una reunión con el entonces ministro de Agricultura Jesús Posadas, el ex secretario de Hacienda y diputado del PP Juan Costa, el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Vicente Prim, en la que se abordó la solicitud de Vilar.
El 18 de octubre de ese año, la empresa de Vilar obtuvo la licencia para comercializar los productos, tras lo que Fabra le pidió que le pagara 25 millones de pesetas.
Posteriormente, en diciembre de 1999 Montserrat Vives y María Amparo Fernández adquirieron la empresa Artemis 2000, que carecía de actividad y trabajadores y era titular de los productos registrados ante el ministerio de Agricultura que distribuía Naranjax S.L..
Tras la constitución de esta sociedad,-continúa el fiscal-, Fabra siguió intermediando ante diversas autoridades en favor de las empresas de Vilar y Vives y la de su esposa.
«Esta tarea de intermediación en todo momento estuvo dirigida a conseguir una mayor agilización en la concesión de licencias» para las citadas sociedades, según el fiscal, que añade que para ello Fabra se valió de sus relaciones con el senador Miguel Vicente Prim y con el entonces subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez.
Fabra llegó a mantener reuniones con ese mismo objetivo con el ex director del gabinete de presidencia Alfredo Timermmans y con la ex ministra de Sanidad Celia Villalobos.
En el año 2000 el presidente de la Diputación de Castellón constituyó otra sociedad (Camarcas SL.), que utilizó parte de su facturación para ocultar los pagos realizados por Vilar.
Respecto al fraude fiscal, Anticorrupción afirma que entre 1994 y 2004, Fabra y su esposa tuvieron ingresos que ocultaron a Hacienda y que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta que declararon.
Las cantidades defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del presidente de la Diputación de Castellón, y más de 580.000 por parte de Fernández Blanes.