El PP ha dado este martes por clausurado el curso político con una reunión de los altos cargos del partido durante la que, sin embargo, se han dejado cuestiones pendientes, como la definición de las listas y la designación de los candidatos en las elecciones autonómicas y municipales del año que viene.
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha hecho una intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional de la formación para hacer balance de las recientes actuaciones y decisiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para mostrar su diagnóstico de la situación y para ilustrar en qué coyuntura se encuentra la organización, cuyas próximas citas relevantes serán los comicios catalanes y los autonómicos.
Sobre este último aspecto, la secretaria general, María Dolores De Cospedal, ha enseñado las últimas encuestas internas, tanto de ámbito general, según las cuales el PP ganaría al PSOE por entre siete y diez puntos, como de ámbito regional.
Ha afirmado en la conferencia de prensa posterior al Comité que esos sondeos, por regla general, amplían la ventaja de lospopulares en aquellas comunidades donde gobiernan, en tanto que en los territorios donde son oposición la coyuntura mejora, en algunos casos para colocarse en disposición de gobernar.
De acuerdo con las encuestas, Castilla-La Mancha y Baleares son las comunidades que el PP podría conquistar.
Rajoy también ha hablado en clave electoral, pero para decir que la concreción de las listas y la designación de los candidatos se hará «en su momento», han apuntado a Efe fuentes presentes en la reunión.
Estas mismas fuentes han indicado que no ha habido referencias puntuales a las comunidades donde el Partido Popular aún tiene que esclarecer la identidad del candidato, es decir, a Asturias, Comunidad Valenciana y Navarra.
La única mención a estas regiones, a la Valenciana en concreto, la ha hecho Rajoy para destacar que hay que esperar a la actuación de la Justicia. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los de las Diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, respectivamente, están imputados en diferentes procesos judiciales.
El PP retomará la actividad política el próximo 6 de septiembre en Santiago de Compostela, donde se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional.
Ni siquiera entonces, argumentan las fuentes, está previsto que el Partido Popular cierre sus listas y sus candidatos, aunque muchos de los comités electorales regionales tienen ya ultimadas sus propuestas y sólo falta el visto bueno de la dirección nacional.
Donde la situación parece más difícil es en Asturias, pues la formación en el Principado se encuentra dividida entre quienes abogan por el ex ministro Francisco Álvarez Cascos y quienes le rechazan.
El presidente fundador, Manuel Fraga, ha aportado hoy su opinión y ha dicho que él apostaría por Cascos, a su juicio «el hombre mejor» para el Principado «en este momento».
Del caso concreto del ex ministro de Fomento no se ha hablado en el Comité, señalan las fuentes consultadas.
Tampoco se ha hablado de la retirada del recurso que el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, había presentado contra el archivo del caso del supuesto espionaje en el Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre.
Mariano Rajoy, durante la reunión, también ha sido muy duro contra el ex presidente del Gobierno Felipe González y la ministra de Defensa y dirigente del PSC, Carme Chacón, por el artículo que ayer publicó el diario «El País».
Según las fuentes, el líder del PP ha dicho que es un artículo «grotesco» que «representa la militancia pura y dura» de la que habló González en el encuentro que tuvo con Zapatero hace unos meses en el Congreso de los Diputados.
De Cospedal ha resumido el balance del curso político y ha aprovechado las pruebas de resistencia que han superado las entidades financieras para hacer una comparación con el Ejecutivo de Zapatero y concluir que «el auténtico estrés-test lo tenía que haber pasado el Gobierno por su política económica».
Según su criterio, el Gobierno «es el único problema» de las entidades financieras españolas y del resto de sectores por su «falta de una política económica coherente».
Un Gobierno que, «al no tener credibilidad, ni confianza, ni prestigio ni autoridad -ha apuntado-, no es un gobierno, sino el gobierno del desgobierno».
Zapatero, ha enfatizado, ha promovido «la institucionalización del desgobierno».
También se ha detenido en el Estatut catalán y ha sido para garantizar que el PP seguirá defendiendo la Constitución, las instituciones y el Estado de Derecho.