El ministerio de Justicia considera que la decisión de la juez de Nueva York de desestimar la responsabilidad de la empresa ABS que revisó el petrolero ‘Prestige’, que aún es recurrible, es favorable a las pretensiones de España por haber declarado aplicable a este caso la legislación norteamericana.
Según han informado a EFE fuentes de Justicia, España sostiene que la legislación aplicable es la de los Estados Unidos, ya que es la sede de ABS, mientras que ésta dice que es la de las Bahamas, país de abanderamiento del buque pero cuya legislación confiere inmunidad a los barcos abanderados allí.
La decisión del juzgado de Nueva York, emitida el pasado día 3, de afirmar que la legislación que se aplique sea la norteamericana como pide España «despeja una de las principales cuestiones y dudas» que se habían planteado en el proceso, destacan las mismas fuentes.
La orden es todavía recurrible ante la Justicia estadounidense que por segunda vez ha desestimado la demanda interpuesta por España contra la compañía que certificó como «apto» para transportar combustible al petrolero «Prestige, que se hundió frente a las costas gallegas en noviembre de 2002.
La juez Laura Taylor Swain falló en favor de ABS, con sede en Houston (Texas) y a la que el Gobierno español pedía una indemnización de 1.000 millones de dólares por los daños causados por el desastre ocurrido tras el hundimiento de ese petrolero, con 77.033 toneladas de fueloil, frente a las costas de Galicia.
De esta forma, rechazó el recurso planteado el 3 de enero de 2008 por el Gobierno español, que reclamaba compensaciones a ABS y a otras empresas afiliadas por considerar que actuaron de forma negligente.
Las fuentes del Departamento dirigido por Francisco Caamaño han explicado que caben dos tipos de recursos frente a la decisión judicial: el de apelación a presentar en un plazo de 30 días, o el de reposición, que debe presentarse en 14 días.
Por su parte, el Ministerio de Fomento dijo ayer que estaba estudiando junto a la Abogacía del Estado el fallo de la juez de Nueva York y que el Gobierno tomaría la decisión que correspondiera cuando llegue el momento y con el «máximo respeto» a las resoluciones judiciales previas.