La reforma laboral se aprobará definitivamente esta semana en el Congreso tras endurecerse durante sus dos meses de tramitación y admitir despidos con indemnizaciones de 20 días por año trabajado ante futuras pérdidas de una empresa o introducir mayores exigencias a los parados. El decreto de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo aprobado por el Gobierno el 16 de junio y que fue convalidado en el Congreso, sólo con los votos del PSOE, termina el jueves su periplo parlamentario tras su paso por el Senado este verano. Durante su tramitación en la Cámara Alta, el texto de la reforma laboral fue modificado tanto en aspectos técnicos como en puntos cruciales para los desempleados.
En este sentido, la gran novedad es que los parados podrían ser sancionados y se les podría retirar la prestación si en un plazo de 30 días no aceptan los cursos de formación que les propongan los Servicios Públicos de Empleo, un periodo que era de 100 días antes de la reforma.
Con toda probabilidad este cambio introducido por el PSOE saldrá adelante, al igual que el resto de enmiendas presentadas por los socialistas en el Senado, como la que garantiza el cobro del salario mínimo interprofesional (633 euros) a empleados que pueden recibir parte de su sueldo en especie, como ocurre con las empleadas del hogar.
Sin embargo, las cuatro modificaciones introducidas por PNV y BNG mediante pacto político en el Senado y que fueron votadas en contra por el PSOE podrían ser tumbadas en el Congreso.
Así, una de ellas, del BNG, establece que en el caso de desempleo parcial el paro cobrado se calcule por horas y no por días, de forma que el porcentaje de la prestación consumido sea equivalente al de reducción de jornada.
Las otras tres son del PNV, entre ellas la que restringe la conversión en trabajadores fijos a sólo los temporales que hayan realizado «idéntica actividad y en el mismo puesto» con contratos encadenados durante tres años, ampliables a otro más.
Además, los nacionalistas vascos también consiguieron eliminar con sus enmiendas la rebaja, hasta el 2,5 por ciento, que el Gobierno pretendía fijar para que el absentismo laboral sea causa legal del despido.
Asimismo, otro de los puntos que previsiblemente incluirá el texto de la reforma laboral es el compromiso del Gobierno para que en un plazo de doce meses se revisen las condiciones laborales y se mejore la empleabilidad de las personas discapacitadas.
En lo que respecta a la intermediación laboral, el texto definitivo puntualiza que ésta tenga consideración de «servicio de carácter público» con independencia del agente que la realice.
Por otra parte, en el capítulo de la contratación y el despido objetivo, con indemnización de 20 días por año trabajado, la nueva ley permitirá despedir por causas económicas cuando «de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas; o la disminución persistente de su nivel de ingresos».
También, esta reforma del mercado de trabajo universalizará el contrato de fomento del empleo, con indemnización de 33 días por año trabajado, frente a los 45 del contrato ordinario, al ser extendido a un mayor colectivo de ciudadanos.