La Policía Nacional ha detenido a 93 personas en Tarragona, Reus y Barcelona presuntamente implicadas en la falsificación de certificados médicos que eran utilizados por inmigrantes para regularizar su situación administrativa en España por la vía del «arraigo social».
Según han informado fuentes de la Policía Nacional, los compradores, extranjeros en situación irregular, pagaban entre 200 y 3.000 euros por cada certificado falso.
Entre el casi centenar de detenidos, diez de ellos formaban parte de la red y tenían asignadas distintas funciones de captación, falsificación y entrega de documentos, y el resto son inmigrantes que utilizaron sus servicios.