La Fiscalía de Algeciras (Cádiz) continúa las investigaciones para determinar si 13 muertes de recién nacidos registradas en los años 60 en esta zona podrían ser casos de robos de bebés y, para ello, ha pedido a la policía que emprenda las diligencias para esclarecer estas sospechas.
El fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, ha explicado este viernes que ha trasladado a la Policía esta petición como continuación de las diligencias que él mismo emprendió de oficio el pasado mes de junio.
Cisneros emprendió estas diligencias a raíz del «goteo» de denuncias en los medios de comunicación de familiares de aquellos bebés, en unas circunstancias que les hacían sospechar que aquellos recién nacidos no murieron tras el parto, como les dijeron a sus padres, sino que fueran entregados a otras familias.
La Fiscalía de Algeciras ha recogido información de 13 casos sospechosos ocurridos en su área de competencia, en nacimientos que, fundamentalmente, se produjeron en el antiguo hospital municipal de La Línea y en una clínica de la misma localidad, ambos desaparecidos ya, y la mayoría de ellos entre 1965 y 1970, aunque también hay un caso muy posterior, en los 1980.
Para ello se ha recogido la documentación aportada por las familias, porque «ya tenían recorrido mucho» en las investigaciones de sus sospechas, que ahora se completarán en manos de la policía judicial para ir componiendo «las piezas de un puzzle» complicado, como apunta Cisneros.
El fiscal cree que es «lógico» que el ministerio público investigue «cualquier denuncia de un posible delito» y también que se apoye en la Policía Judicial para aclarar un «fenómeno extraño» en el que confluyen unos mismos centros hospitalarios y una misma época.
El hecho de que estos hospitales ya no existan, que sus archivos no estuvieran regidos por los controles actuales, y la lejanía en el tiempo hace que todo sea «más difícil de investigar», según el fiscal, que considera que no se puede hablar de una posible prescripción de los delitos porque aún no se ha determinado de qué tipos delictivos se podría tratar.
«Si por ejemplo se hubiera querido tapar una negligencia médica en la muerte de un bebé en un parto, sí estaría prescrito. Si el delito fuera de alteración del estado civil de una persona, no estaría prescrito, porque ya hay sentencias del Tribunal Supremo en este sentido», afirma el fiscal.
Cisneros cree que esta investigación requiere «andar con pies de plomo» y que en ella habrá que valorar también, una vez que se confirmara un hecho delictivo, cuál sería su tipificación en los sucesivos códigos penales que han existido en España en este tiempo.
Una de las primeras denuncias públicas sobre este asunto fue la de Cristina Díaz Carrasco, una hermana de uno de aquellos bebés que decidió contar su historia porque querían sacar a luz más casos.
Sus padres eran de La Línea de la Concepción (Cádiz) y en 1966 emigraron a San Sebastián con sus tres hijas mayores. La mujer volvió a la localidad para dar a luz a su cuarto hijo.
El niño nació y la madre llegó a verlo, pero al día siguiente la matrona le dijo que había muerto y que era mejor que no viera el cadáver. Quien si lo vio, según relató Cristina Díaz, fue su abuela, que entró en el depósito con un fotógrafo que le tomó una instantánea con el bebé muerto en los brazos.
Hace cuatro años, cuando la madre falleció, su familia quiso poner en su tumba el nombre del bebé, porque su tumba había desaparecido en una remodelación realizada en el cementerio de La Línea en los años 1980.
Ahí fue cuando averiguaron que el nombre del bebé no estaba en el registro del cementerio y cuando Cristina y su hermana empezaron a tirar del hilo para averiguar lo que habría ocurrido y a contar la historia en programas de televisión como «Quién sabe donde».
Otro de los casos es el de Arturo Reyes, un fotógrafo de La Línea cuyo hijo falleció presuntamente a los pocos días de nacer en 1987 y fue enterrado en el cementerio local, donde en 2004 descubrió que en el nicho no había ningún resto humano.