Unos 300 militares se concentraron este sábado frente al Ministerio de Defensa para denunciar la «restricción de libertades» impuesta, a su juicio, por el Gobierno y exigir cambios en el proyecto de Ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas, que supone «la muerte civil de los militares como ciudadanos».
Dos veteranos heridos en el cumplimiento de sus misiones, en Irak y Afganistán, han leído el manifiesto de la organización convocante, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), en el que se acusa al Ejecutivo de «estrangular» la carrera de miles de militares con «agravios y desigualdades» y de privar a los miembros de las Fuerzas Armadas de sus derechos fundamentales.
En el texto leído por el legionario Rubén López García, víctima de la explosión de una mina en Shewan (Afganistán) en 2007, se afirma además que el Gobierno ha abandonado a los heridos en combate y a las familias de los fallecidos, tras asegurar que ahora se intenta restringir a los militares las mismas libertades públicas irrenunciables por las que ellos luchan en favor de otros pueblos.
Mientras en la calle protestaban los militares -un centenar según fuentes del ministerio y 2.500 de acuerdo con los organizadores-, la subsecretaria de Defensa, María Victoria San José, convocaba a la prensa para una declaración sin preguntas, en la que destacaba el compromiso «inequívoco» y «firme» del Gobierno con la modernización de las Fuerzas Armadas y la mejora de sus condiciones profesionales.