El juicio del caso Malaya, el mayor contra una trama de corrupción municipal conocida en España, se reanuda este lunes en la Ciudad de la Justicia de Málaga y afronta su sexta sesión, en la que continuarán las exposiciones de los abogados en la fase de cuestiones previas.
Actualmente han expuesto sus alegaciones los abogados defensores de más de la mitad de los 95 procesados, entre ellas las del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca y el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz.
Quedan pendientes las defensas de la mayoría de los que fueron miembros de la corporación municipal, entre ellos la ex alcaldesa Marisol Yagüe y la que fuera primer teniente de alcalde Isabel García Marcos, así como de algunos empresarios.
La vista oral comenzó el pasado 27 de septiembre con la presencia de 94 de los 95 procesados -faltó el tasador José Mora por enfermedad-, un importante despliegue policial y una gran expectación mediática.
Durante la primera sesión, la defensa del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama, planteó la nulidad de las escuchas telefónicas efectuadas a los acusados por falta de motivación y por haberse vulnerado derechos fundamentales para obtenerlas.
Con anterioridad, la abogada de Roca, Rocío Amigo, planteó suspender el juicio por la ausencia de algunos expedientes urbanísticos, petición que fue denegada por el tribunal.
Roca, que se enfrenta a una petición fiscal de treinta años de cárcel y más de 810 millones de euros de multa, ejercía una posición de «dominio» sobre la Corporación municipal de Marbella, según el ministerio público.
En la primera sesión del juicio hubo críticas a la actuación del primer instructor del procedimiento, el juez Miguel Ángel Torres, especialmente por parte del abogado Francisco Soriano Zurita, que representa al procesado Manuel Sánchez Zubizarreta y a su vez es acusado.
Según dijo Soriano, el sumario es «fruto envenenado de una mente dirigida por una voluntad arbitraria investida de poder», y un juez que muestra interés en elegir un procedimiento es «inquisidor».
Los ataques al juez Torres, que dirigió la investigación desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella y actualmente es titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada, motivaron en la segunda sesión del juicio la reprobación de la Sala.
El presidente del tribunal, José Godino, consideró «contrarias a las normas de cortesía y respeto que deben regir siempre en todos los actos procesales» las «alusiones» al juez instructor y al fiscal, y pidió a los abogados que centren sus críticas en «cuestiones y matices estrictamente jurídicos» y eviten «cualquier tipo de descalificación personal que a nada conduce».
Tras esta petición, los abogados continuaron con sus críticas a la instrucción del juez Torres e insistieron en reclamar la nulidad del proceso. Por su parte, la defensa de Montserrat Corulla, uno de los presuntos testaferros de Roca, planteó que se eliminen del sumario unas conversaciones y mensajes de móvil de carácter íntimo de su cliente, por haberse vulnerado su derecho a la intimidad.
Entre los imputados en este proceso hay ex alcaldes y concejales, abogados y empresarios que han estado vinculados a los sectores de la construcción, los toros o el fútbol.
El caso Malaya, cuya investigación judicial arrancó a finales de 2005, tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.