El PP ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contra la decisión del Gobierno de vetar la proposición de ley de su grupo parlamentario, en el que reclama que se deje sin efecto la congelación de las pensiones, al entender que es un acto del Ejecutivo que «incumple la Constitución y la ley».
Así lo ha señalado la portavoz del grupo parlamentario popular, Soraya Sáenz de Santamaría, a su llegada al alto tribunal acompañada por varios diputados del PP, en cuyo registro han presentado el escrito de interposición de un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión del Gobierno.
Sáenz de Santamaría ha asegurado en declaraciones a los periodistas que el veto del Gobierno no cumple uno de los elementos que exige la Constitución, como es que afecte a gastos e ingresos presupuestarios.
Como no afecta a ingresos ni a gastos de 2010, el PP ha decidido recurrir al Tribunal Supremo y no utilizar solo la vía del Tribunal Constitucional «porque es un acto del Gobierno que incumple la Constitución y la ley».
Fuentes del PP han informado a Efe de que la decisión de presentar el recurso se ha oficializado durante la reunión que ha mantenido el Comité Ejecutivo Nacional del partido, en la que todos sus participantes han mostrado su acuerdo con la iniciativa, que justifican en el «desamparo» que siente la formación antes los constantes vetos del Gobierno.
Según estas fuentes, durante los Gobiernos de Felipe González hubo ocho vetos a iniciativas de la oposición, mientras que en las legislaturas de José María Aznar no hubo ninguno y José Luis Rodríguez Zapatero lleva ya 79.
El pasado 2 de noviembre, el PP, ERC, IU e ICV presentaron un recurso ante la Mesa del Congreso por el veto del Gobierno a la tramitación de 22 enmiendas parciales al proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, entre ellas las presentadas por toda la oposición, salvo PNV y CC, para derogar la congelación de las pensiones en el próximo ejercicio.
El líder del PP, Mariano Rajoy, denunció el veto del Ejecutivo y lo tildó como «un acto de autoritarismo impropio de una democracia avanzada» y no descartó interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).