La oposición ha reprobado este jueves la postura del Gobierno español en el asunto del Sáhara Occidental, con críticas de «tibieza» a su comportamiento e, incluso, de «complicidad» con lo que está ocurriendo, y ha exigido al Ejecutivo que condene el desalojo violento del campamento de El Aaiún por parte de Marruecos.
En su primera comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, la ministra, Trinidad Jiménez, ha tenido que escuchar palabras muy duras, especialmente de los grupos de izquierda, que creen que los hechos ocurridos en el Sahara en los últimos once días pueden calificarse de «genocidio» o «matanza».
Todos los partidos han exigido una condena firme y que no se antepongan los intereses económicos a la defensa de los derechos humanos y de la dignidad del pueblo saharaui.
También han criticado a Jiménez por defender ahora tesis distintas a las que postulaba cuando el PSOE estaba en la oposición.
El portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, ha llegado a avisar de que el Sahara puede convertirse «en el Waterloo del Gobierno español», como Irak lo fue para el PP, si se obceca en mantener su postura y seguir diciendo que España comparte los mismos valores que aquella «monarquía feudal», en alusión al reino alauí.
Según su análisis, el Ejecutivo se ha hecho eco de la «insidia» del Gobierno marroquí, en una actitud que «va más allá de la dejación» y que «entra directamente en la complicidad».
Llamazares le ha acusado además de practicar un «doble lenguaje» y de hacer caso omiso a las denuncias de violencia.
«Ha habido heridos, muertos, torturas, limpieza casa por casa, y no me puede decir que usted no lo sabe, porque tendría que pensar que no tenemos inteligencia», ha juzgado el diputado de IU.
Gustavo de Arístegui, el portavoz del PP, ha emplazado a la ministra a pedir explicaciones a Rabat por el desmantelamiento del campamento y a que averigüe todo lo sucedido, además de condenar con toda firmeza el bloqueo informativo que está imponiendo en la zona.
«Queremos unas relaciones preferentes con Marruecos», ha dicho, pero no a «cualquier precio», y el PP exigirá que haya un respeto «escrupuloso» de los derechos humanos y las libertades, que están por encima de cualquier otra consideración.
Al hilo de esto, ha señalado que hay que «avergonzarse» de que el vicepresidente primero y responsable del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, haya afirmado que los intereses están por delante de todo.
En nombre de ERC, Joan Tardá, ha calificado de «absolutamente hipócrita» la postura del Ejecutivo español ante unos hechos que, según su punto de vista, ya se pueden empezar a calificar de «genocidio».
Tardá ha interpretado que el Ejecutivo trata de «ir tirando» y diluir su responsabilidad en el marco del concierto internacional, «escondiendo la cabeza de forma vergonzante».
A su juicio, la propia Jiménez antes tenía una posición y ahora otra «diametralmente distinta», en un comportamiento que, ha opinado, debería provocar «un cierto sonrojo» a la ministra.
En una línea similar, el portavoz de ERC, Josu Erkoreka, ha censurado la «pasividad» del Gobierno y su empeño en «no contrariar lo más mínimo a Marruecos, aunque sea a costa de tragar sapos y culebras en la defensa de los derechos humanos», y le ha exigido «condenar con la contundencia debida» la acción marroquí.
El diputado de CC José Luis Perestelo se ha unido a las críticas al Gobierno por su «tibieza» ante «la brutalidad y salvajismo» con que Marruecos actuó en el campamento y ha dicho que ningún interés económico de España «justifica el silencio».
El diputado de UPN, Carlos Salvador, ha pedido buscar el consenso con los partidos de la oposición en la política hacia el Sáhara Occidental y también la «complicidad» de la UE.
El portavoz de CiU, Jordi Xuclá, ha demandado a la ministra que aporte nueva información a los grupos parlamentarios y que Marruecos también colabore en esclarecer lo ocurrido en el campamento.