El PP intentará en el próximo pleno que el Senado condene la «gravísima violación de los derechos humanos» por parte de Marruecos en el Sáhara Occidental y pida que España asuma «como antigua potencia administradora un papel activo en el inconcluso proceso de descolonización».
El senador del PP Alejandro Muñoz Alonso ha registrado para el último pleno de noviembre una moción consecuencia de la interpelación que dirigió la semana pasada a la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, sobre la actuación de Marruecos en el campamento saharaui de El Aaiún.
La moción insta al Gobierno a «condenar las graves violaciones de los derechos humanos que se han producido» y que «son evidentes pese al control informativo que ha impedido el libre ejercicio de su actividad a los profesionales de los medios de comunicación».
Asimismo y además de a asumir un papel activo en el conflicto del Sáhara, pide al Gobierno que promueva la modificación del mandato de Minurso, la fuerza de la ONU, para «darle competencias plenas y directas en el ámbito de los derechos humanos, de modo que se ponga fin a su sistemática violación».
Según la moción del PP, Minurso debería proceder a una investigación independiente que aclare los hechos que se han producido y, de modo especial, la muerte del ciudadano saharaui con nacionalidad española Baby Hamday Buyema.
Referéndum libre
Insta además al Ejecutivo a promover desde la ONU las gestiones necesarias para que se ponga urgentemente al pueblo saharaui en condiciones de ejercer el derecho de autodeterminación, por medio de un referéndum «libre, justo, imparcial y bajo tutela y dirección de las Naciones Unidas», así como a «garantizar la libre circulación» de los periodistas.
En la exposición de motivos, el PP afirma que la situación en el Sáhara «ha alcanzado tales niveles de gravedad» que exige que el Senado condene «las acciones represivas que se están cometiendo» y ponga en marcha iniciativas para proporcionar «ayuda inmediata» a las víctimas e investigar lo ocurrido.
Según el derecho internacional, subraya, España mantiene una «soberanía residual» en el Sáhara, ya que nunca se transfirió la misma «en buena y medida forma» por lo que el Gobierno «no puede dejarse arrastrar por los acontecimientos» ni refugiarse en una «pasividad benevolente».
Añade que las responsabilidades históricas, morales e incluso jurídica que tiene España respecto al Sáhara descartan la «pasividad» y «connivencia» de las instituciones democráticas «con el pretexto de una mal entendida neutralidad».
Destaca además que no se puede asumir que las relaciones con Marruecos o los intereses de España en este país se usen «como pretexto» para «encubrir» una situación que conculca los derechos humanos y el derecho internacional.
Muñoz Alonso considera que renunciar a derechos tan importantes como el derecho a la vida o el de libertad de expresión, debilita a España y «pervierte» sus intereses, además de hacerle perder «credibilidad» internacional.