La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opondrá previsiblemente a que este tribunal investigue la causa de los llamados «niños perdidos del franquismo», aunque apoyará la creación de una oficina de atención a los afectados en el Ministerio de Justicia que coordinará todas sus demandas.
Fuentes del Ministerio Público han adelantado esta posición de la Fiscalía después de que el Juzgado de Instrucción 21 de Madrid se inhibiera el pasado 28 de octubre de esta causa en favor del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Pablo Ruz, al que aún no ha llegado la petición.
Las mismas fuentes han subrayado que este tribunal no es el competente para investigar estos hechos y que no puede utilizarse la vía penal, por lo que la Fiscalía apoyará «en la medida de lo posible» la administrativa mediante la creación de dicha oficina, «que podría ser un buen instrumento para agilizar los trámites».
Estos son los argumentos que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha trasladado este lunes a la Plataforma Grupos de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa de Niños Robados, a los que ha expuesto además que los delitos podrían haber prescrito, según han precisado las fuentes consultadas.
De esta forma, Zaragoza ejercerá de «cauce de comunicación» con el Ministerio de Justicia para facilitar la creación de la oficina para coordinar las demandas de los afectados «en los casos que estén acreditados.
Por su parte, la portavoz de la plataforma, Mar Soriano, que ha reunido más de 300 casos de niños desaparecidos, ha explicado que la oficina permitirá también la creación de una base de datos relativos a los ADN de los afectados y les dará acceso a todas las informaciones que, según ha dicho, les denegaba la Ley de Protección de Datos.
La hermana de Beatriz Soriano Ruiz, una niña nacida el 3 de enero de 1964 en la maternidad de la calle de O’Donnell de Madrid, que le fue retirada a su madre dos días después alegando que había muerto a consecuencia de una otitis, ha mostrado su satisfacción por las «buenas intenciones» de la Fiscalía, aunque le gustaría que fuera la Audiencia Nacional la que investigase estas desapariciones bajo el apartado de «crimen organizado».
En enero de 2009, el juez Baltasar Garzón -que está suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de mayo- envió a los juzgados decanos de Burgos, Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Vizcaya y Zaragoza todos los datos aportados sobre los «niños perdidos del franquismo» en la causa que abrió para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
Estas diligencias recayeron en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, que decretó su archivo provisional, un sobreseimiento que fue confirmado por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de enero.
Sin embargo, al Juzgado de Instrucción número 21 le correspondió la petición que realizó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y la de «Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo» para que Garzón -que ya se había inhibido en favor de los juzgados territoriales- tomara muestras de ADN de ocho ancianos, cuyo riesgo de muerte es «inminente».