El instructor del ‘caso Gürtel’, Antonio Pedreira, ha pedido este lunes a los tribunales de Castilla y León que investiguen al presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago (PP), por cohecho y prevaricación, al estimar acreditado que recibió 39.000 euros por adjudicar unas obras.
En un auto notificado este lunes, el magistrado se ha inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia castellano-leonés (TSJCyL) de la parte de la causa en la que investigaba las supuestas irregularidades en la adjudicación en 2002 de las obras de la variante de Olleros de Alba (León) cuando Fernández Santiago era consejero de Fomento del Gobierno castellano-leonés.
Las obras de la variante de la autovía fueron adjudicadas por un importe de 2.847.959 euros a la empresa Teconsa, que a cambio habría pagado una comisión al considerado máximo responsable de la trama Gürtel, Francisco Correa, quien a su vez la repartió con el propio Fernández Santiago y con los ex parlamentarios del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote.
En la resolución, Pedreira cita varios informes de la Intervención General del Estado de febrero y noviembre de este año que concluyen que en la tramitación de la citada adjudicación «se ha incurrido en diversas irregularidades, vulnerando los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia».
«Destaca, asimismo, que la orden de inicio de este expediente es del entonces consejero de Fomento de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, quien es también el que la adjudica por orden de 29 de noviembre de 2002», añade el juez.
Según el auto, «los hechos relativos a la adjudicación irregular, percepción de cantidades por ello y su reparto (…) podrían ser constitutivos de delito de cohecho (…) y de delito de prevaricación».
La investigación de este asunto parte de la documentación intervenida el 6 de febrero de 2009 al contable de la trama Gürtel, José Luis Izquierdo.
Entre esos documentos figuraba un fax de la Consejería de Fomento castellano-leonesa sobre la adjudicación definitiva de la obra «en el que de forma manuscrita se calcula aproximadamente el 3 por ciento del importe de la adjudicación sin IVA», es decir, 73.650 euros; y otro escrito en el que se dice que 72.000 euros se entregaron a PC (Francisco -Paco- Correa).
Otros dos documentos revelan que la comisión finalmente distribuida ascendió a 96.100 euros y que se repartió entre las personas identificadas como TO, G, L, J y PC, que según los informes policiales son respectivamente Fernández Santiago (conocido como «Toti»), Galeote, Bárcenas, Merino y el propio Correa.
Así, a Fernández Santiago, que según el juez ya había recibido previamente un sobre con 24.000 euros, le correspondieron otros 15.000 euros; mientras que Galeote se llevó 26.400 euros, Bárcenas y Merino 18.600 euros cada uno y Correa 17.500 euros.
Pedreira resalta la importancia de la relación entre todos ellos y la mercantil Spinaker 2000 S.L., de la que, según la Policía, «serían socios entre 2001 y 2004».
El juez considera que el motivo de los pagos a Fernández Santiago «se hallaría en el papel jugado en esa adjudicación», ya que fue éste quien, en su condición de consejero de Fomento, adjudicó «de forma irregular» la obra de la variante.
Recuerda además que Merino también fue consejero de Fomento de Castilla y León (1991-1999) y que su «estrecha vinculación» con esta región «le facilitarían sin duda la relación con los cargos de su partido en esa Comunidad, esenciales (…) para la adjudicación de la obra».
De hecho, el auto dice que Merino envió en 2003 al «número dos» de Correa, Pablo Crespo, información sobre otro concurso de la Junta de Castilla y León «antes de su publicación en el Boletín Oficial».
Pedreira concluye que «en la causa existen indicios bastantes» del cobro de comisiones por parte de Bárcenas, Merino, Galeote, Fernández Santiago y Correa por la «adjudicación ilegal» de las obras y dice que también habrían participado en los hechos los responsables de Teconsa «que hubieran efectuado el pago», así como Izquierdo, el contable de la trama.
Además de la cantidad supuestamente recibida por la adjudicación irregular de la variante Olleros de Alba, el juez considera acreditado que Pablo Crespo entregó a «Toti» otros 18.000 euros, aunque no especifica en concepto de qué percibió ese dinero.