El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sacado una conclusión del caos aéreo provocado por el paro imprevisto de los controladores: «quien le echa un pulso al Estado, pierde».
Esa es la lección que se puede extraer de todo el conflicto, ha dicho este domingo Rubalcaba en declaraciones a Onda Cero, poco después de justificar las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno tras la situación generada en los aeropuertos, como la declaración del estado de alarma.
«Había que hacerlo» porque «no puede ser que periódicamente se eche un pulso al Estado sin que el Estado responda», ha subrayado el vicepresidente, quien ha dejado claro que la «irresponsabilidad» y la «tropelía» de los controladores «no les van a salir gratis».
Rubalcaba ha aprovechado para negar, como publican algunos medios de comunicación, que miembros del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad hayan obligado «a punta de pistola» a algunos controladores a incorporarse a sus puestos de trabajo.
Zapatero, al frente
Sobre las críticas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por no ser él quien informara públicamente del estado de alarma, Rubalcaba ha asegurado que el jefe del Ejecutivo ha estado al frente de la nave en todo momento y ha sido quien finalmente ha tomado las decisiones.
También ha negado que Zapatero no haya acudido a la cumbre iberoamericana en Mar de Plata por el conflicto de los controladores, y ha reiterado que la suspensión del viaje fue por la posibilidad de que se reuniera el Eurogrupo ante las turbulencias financieras que salpicaron a España, Portugal y otros países.
Rubalcaba ha reconocido que con el caos aeroportuario el Gobierno ha vivido unas últimas 24 horas que «no desea a nadie», y ha insistido en que la principal preocupación del equipo de Zapatero fue en todo momento solucionar el problema de los ciudadanos que se quedaron «tirados».
Una vez más, Rubalcaba ha recordado el estatus «privilegiado» de los controladores y sus sueldos «espectaculares» consolidados en el convenio que firmaron en 1999 con el Gobierno de José María Aznar.
Por ello, cuando escuchó este sábado al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ofrecerse a «intermediar» ante la «incapacidad» del Gobierno, se quedó con ganas de decirle que pensara en 1999 y «echara una mano» en lugar de hacer esas declaraciones.
Aprobación del decreto
El vicepresidente ha justificado la aprobación el viernes del decreto que clarificaba el cómputo de las 1.670 horas laborales que como máximo pueden trabajar al año los controladores, ya que este colectivo se estaba «autocomputando» sus jornadas de trabajo y muchos de ellos ya las habían cumplido o estaba a punto de hacerlo.
Así, el Gobierno consideró que en el puente festivo y en el resto del mes podría haber muchas dificultades en el control aéreo, sobre todo en Madrid, por lo que se decidió aprobar el decreto.
Ha calificado de «excepcional» la declaración de estado de alarma que se prolongará quince días, aunque si es necesario prorrogarlo el Gobierno lo pedirá al Parlamento, donde no espera encontrar ninguna oposición.
Los controladores, ha continuado, tendrán que enfrentarse a los expedientes disciplinarios ya abiertos por Aena, a las diligencias judiciales abiertas y a las reclamaciones de los ciudadanos, que fueron quienes sufrieron las consecuencias de su «tropelía».
En cualquier caso, los controladores van a tener que hacer frente a sus actitudes «irresponsables» ante toda la sociedad, porque «no es una batalla» entre ellos y el Gobierno, sino con el conjunto de los ciudadanos, que «no van a permitir chantajes».
«Seguiremos firmes, firmes y determinados y cumpliendo la ley, porque hay mecanismos para impedir que un grupo de personas chantajee al conjunto de la sociedad», ha resaltado Rubalcaba.
Rubalcaba ha calculado un plazo de 48 horas para recuperar la normalidad en los aeropuertos españoles y ha dicho que los controladores militares están preparados para controlar una parte del tráfico aéreo, pero no todo.