EEUU presionó a miembros del Gobierno y a empresas españolas para limitar sus actividades en Irán, según se desprende de los documentos filtrados por WikiLeaks y publicados por el diario ‘El País’.
Los informes recogen conversaciones con miembros del Gobierno como el ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, la ex vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y con directivos de empresas como Repsol, Iberia, Unión Fenosa, Banco Santander o Banco Sabadell.
En noviembre de 2006, el ex embajador norteamericano Eduardo Aguirre trasladó a Moratinos su preocupación por una información secreta que indicaba que la compañía Irán Air negociaba comprar a Iberia 30 antiguos aviones de fabricación estadounidense.
Después de hacer averiguaciones sobre el estado de esa negociación, Moratinos aseguró al diplomático -según los documentos filtrados- que la venta no se cerraría.
También Fernández de la Vega le aseguró que la operación no se llevaría a cabo, tras lo que Aguirre escribe: «Si ella dice que el acuerdo está roto, creemos que está roto».
La embajada de EEUU también estuvo pendiente del acuerdo que daba a Repsol una participación del 25 por ciento de un proyecto para la exploración y licuefacción de gas natural en Irán.
Aguirre se reunió varias veces con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, quien en mayo de 2008 le informó de que su empresa había decidido vender sus opciones sobre la concesión.
Repsol recibió, asimismo, una carta del órgano regulador de los mercados en EEUU, la SEC, que le pedía explicaciones sobre sus actividades en Irán y Cuba.
En la misiva se recordaba que varios Estados de EEUU tienen leyes que previenen a sus sistemas de pensiones sobre inversiones en compañías «que hagan negocios con los países que EEUU considera patrocinadores del terrorismo».
En marzo 2008 la embajada también mostró su preocupación al entonces subgobernador del Banco de España, José Viñals, porque bancos como el Santander o el Sabadell tuvieran actividad en Irán.
Según los documentos, Viñals prometió investigar los casos y pidió a los bancos todos los datos, que fueron enviados posteriormente a la embajada de EEUU.
Por su parte, el vicesecretario del Tesoro de EEUU, Robert M.Kimmitt, pidió al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que tanto el Santander como el Sabadell cortasen toda relación con los bancos iraníes.
Poco después, en julio de 2008, Viñals aseguró que los bancos españoles habían cerrado sus oficinas en Irán.