La Generalitat ha pagado a Santiago Calatrava un total de 2,7 millones de euros por la redacción del Master Plan, Anteproyecto y Proyecto Básico del centro de convenciones de Castellón, a pesar de que considera que el arquitecto «no ha cumplido» sus obligaciones contractuales.
Así lo afirmaba la sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) en un burofax remitido en noviembre de 2009 a la mercantil Santiago Calatrava GMBH, y dado a conocer este martes por la diputada de EU en Les Corts Marina Albiol y el portavoz del partido, Ignacio Blanco, junto con otra documentación que incluye varios cheques y el contrato con Calatrava.
Según estos últimos documentos, el arquitecto habría cobrado un millón de euros a la firma del contrato, 350.000 euros a la entrega del Anteproyecto, y otros 1.350.000 millones a la entrega del proyecto básico, una vez revisado y aceptado por parte de la sociedad pública.
Sin embargo, el pago de los últimos 1,35 millones de euros se realizó por «la voluntad de entendimiento que la SPTCV siempre ha mantenido con el señor Calatrava, pero en ningún caso implica conformidad con el proyecto básico entregado por la mercantil», según el mismo burofax.
La sociedad pública consideraba, en ese documento, que el proyecto básico no se ajustaba ni al objeto ni al precio pactado para el centro de convenciones de Castellón, por lo que se lo devolvía a la mercantil y le pedía que no iniciara la segunda parte del proceso, que sería el proyecto de ejecución.
El contrato establece que Calatrava cobrará 2,4 millones por éste concepto y otros tantos por la dirección de obra, que corresponden al 4%, en cada caso, del presupuesto inicial del proyecto, cifrado en 60 millones, aunque sus honorarios se actualizarán «en función del coste real de la obra».
Ese dinero se sumaría a lo que Calatrava ya habría cobrado, que representa el 4,5% del proyecto, lo que, según Blanco, significa que el arquitecto valenciano se beneficiará de los sobrecostes que tenga la ejecución del centro de convenciones, que ya ha aumentado su presupuesto hasta los 100 millones de euros.
Entre las obligaciones reconocidas a la empresa de Calatrava en el contrato, que le exime de pagar la garantía de la obra, figuran hacerse cargo de «la reprografía, encuadernaciones, baúles, embalajes y mensajería de los siete ejemplares completos de los proyectos».
La SPTCV pagará, por su parte, los visados de los colegios u organismos competentes; los viajes, dietas y desplazamientos necesarios para la realización del objeto del presente contrato, y el fotomontaje, animación audiovisual y simulación gráfica, siempre que sean previamente aceptados en el presupuesto.
Los responsables de EU adjuntarán toda esta documentación a la denuncia que tienen previsto presentar la próxima semana ante la Fiscalía por los pagos «millonarios» que la Administración valenciana ha realizado al arquitecto Santiago Calatrava por «diversos proyectos fantasma» que no se han ejecutado.
En ella, además del centro de convenciones de Castellón -que en la actualidad se encuentra paralizado por la Justicia- se añaden el pago de al menos 2,5 millones de euros de la Generalitat a Calatrava por el proyecto de las torres de la Ciudad de las Artes de Valencia, y 600.000 euros por la reforma de la dársena de Torrevieja.
La diputada autonómica también ha destacado que el arquitecto valenciano cobra sus honorarios en Suiza, lo que evidencia la voluntad de Calatrava «de eludir los impuestos en España» y que la Generalitat «paga en paraísos fiscales».
Para Albiol, el dinero público «no puede servir para llenar los bolsillos de arquitectos estrella» ni para pagar «los caprichos» del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.
Los responsables de EU creen que existen responsabilidades políticas «muy claras» por esta cuestión, que en su opinión, demuestra la «estrecha relación que existe entre Calatrava y el PP» valenciano.