El Gobierno ha contestado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que le preguntó si tenía actas de las reuniones mantenidas con ETA en 2006 en las que se trató del «caso Faisán», que esas actas no existen, por lo que no puede enviarle una copia de las mismas.
Así lo han confirmado fuentes de la investigación, que han precisado que esa es la respuesta que el Ejecutivo ha ofrecido al magistrado, que ha incorporado las actas redactadas por ETA sobre esas reuniones en la causa en la que investiga el «chivatazo» que alertó a la banda de una operación contra su red de extorsión que iba a tener lugar en el bar Faisán de Irún.
Entre los encuentros cuyo contenido se refleja en las actas intervenidas al exdirigente etarra Francisco Javier López Peña, «Thierry», figura uno mantenido el 22 de junio de 2006, dos días después de la detención del dueño del citado establecimiento, Joseba Elosua.
Lo que sí hizo el Ejecutivo fue identificar a los tres representantes gubernamentales que asistieron a esas reuniones, a los que se les ha otorgado la condición de testigos protegidos y a los que Ruz ha interrogado entre los pasados 31 de enero y 22 de marzo.
Se trata del ex ministro, exfiscal general del Estado y ex presidente del Consejo General del Poder Judicial Javier Moscoso, el vocal de este último órgano José Manuel Gómez Benítez y el presidente del PSE Jesús Eguiguren.
Su declaración tenía por objeto aclarar si en la reunión del 22 de junio, celebrada «a presunta petición» de ETA, los enviados del Ejecutivo «habrían vertido determinadas manifestaciones en respuesta a recriminaciones por parte de la organización terrorista relativas a la práctica de detenciones (…) y a determinados aspectos de la investigación judicial en curso».
En este sentido, las fuentes consultadas han explicado que los testigos protegidos y los siete mandos policiales a los que el juez también ha tomado declaración aseguraron que no existían «órdenes ni instrucciones» para bajar la presión policial contra la organización terrorista.
Según las fuentes, los testigos manifestaron al magistrado que estaban «en alerta máxima» porque había datos de que ETA continuaba con sus actividades de aprovisionamiento de armas y explosivos.
Los siete mandos policiales a los que ha interrogado Ruz son los que en 2006 eran director general, subdirector general operativo, jefe del Servicio de Información y jefe de la Unidad Central Especial (UCE) de la Guardia Civil, así como al Comisario General de Información y subdirector general operativo de la Policía y al director de la Ertzaintza.
En cuanto a la existencia de un mediador entre los negociadores del Gobierno y ETA, el Ejecutivo no ha identificado a ninguno, aunque en las actas intervenidas a «Thierry» constaba que esas reuniones se celebraron en presencia de una «persona intermediaria que llevaba las reuniones y hacía de interlocutor legítimo de cada una de las partes en caso de desacuerdo».