La Asociación de Fiscales (AF) considera que las actas publicadas de las reuniones mantenidas por los representantes del Gobierno y ETA confirman la existencia de una «instrumentalización política» por parte del Ministerio Fiscal que compromete su credibilidad ante los ciudadanos.
De esta forma se pronuncia la AF en un comunicado en el que califica de «despreciable» el contenido de las actas levantadas por ETA sobre los encuentros que la banda mantuvo con intermediarios del del Ejecutivo, en concreto la reunión del 22 de junio de 2006, en la que, según lo publicado, el Gobierno respondió a las recriminaciones de la banda por las detenciones en el bar Faisán de Irún.
Según la conservadora AF, dichas actas incluyen datos «que se encuentran apoyados por hechos perfectamente conocidos que se han explicado de una manera poco o nada convincente hasta el momento».
En este sentido, afirma que los hechos publicados «permiten apreciar» una «instrumentalización política» del Ministerio Fiscal en casos como los del etarra Iñaki de Juana Chaos o la retirada de la acusación contra el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegui por un delito de enaltecimiento del terrorismo.
Para la AF, cobran ahora «total sentido» frases y comentarios del actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumido, como las declaraciones en las que afirmó que «el vuelo de las togas no impedirá que se manchen con el polvo del camino».
Una afirmación -recalca esta asociación- que Conde-Pumpido pronunció en la época del «mal llamado proceso de paz», igual que cuando dijo que no se podía convertir a la Ley de Partidos Políticos en un «Guantánamo electoral» con motivo de la impugnación de candidaturas electorales.
Otro de los hechos que la Asociación de Fiscales enmarca en la «instrumentalización política» es la renuncia a su cargo del exfiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño, sobre la que señala que Cándido Conde-Pumpido negó que fuera un «cese político».
No obstante, según las actas publicadas, en relación al caso de Iñaki de Juana Chaos, uno de los intermediarios del Gobierno aseguró a los etarras el 27 de octubre de 2006 que quitaron al fiscal «porque no quería rebajar la condena de 12 a 4 años».
En el comunicado, la AF recuerda que exigió la dimisión de Conde-Pumpido en 2006 al no considerar la renuncia de Fungairiño como «voluntaria, sino más bien una remoción encubierta» y afirma que «cualquier atisbo de intención política» en ese cese es «repudiable».
«Lamentablemente, dicha contundente y difícil decisión», añade, «lejos de desvirtuarse, parece que se confirma, comprometiendo seriamente la imagen de autonomía de la carrera fiscal así como nuestra credibilidad ante los ciudadanos, a quienes representamos ante los Tribunales de Justicia, por mandato constitucional».
La AF reafirma, por último, el compromiso firme del Ministerio Fiscal con el cumplimiento de la legalidad y recalca que su actuación «sólo puede estar guiada por el principio de legalidad y debe ser ajena a cualquier factor externo o interferencia política».