Ignacio González, «número dos» del Gobierno regional ha recalcado este jueves en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que la Comunidad «respeta la resolución judicial», aunque confía en que la Justicia archive la causa, como ha hecho en «dos ocasiones anteriores».
El vicepresidente madrileño ha mostrado la «sorpresa» que produce que una causa como ésta se reabra ahora en «un tiempo récord» de 14 días, el que ha transcurrido desde que se designa a la ponente, Luz Almeida (hermana de la abogada socialista Cristina Almeida), y el auto.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha explicado este jueves que la magistrada Luz Almeida puede ejercer plenamente sus competencias como sustituta, de acuerdo con una medida adoptada por el Consejo General del Poder Judicial.
A través de una nota, el TSJM recuerda que, el 27 de julio de 2010, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó prorrogar para el Año Judicial 2010-11 el nombramiento de magistrados y magistradas suplentes y jueces y juezas sustitutos/as designados para el anterior año judicial, entre los que se encuentra Almeida.
El PP duda de una abogada socialista en el caso
Otros dirigentes del PP madrileño han cuestionado el papel de Luz Almeida, como la secretaria de Comunicación y consejera, Lucía Figar, que dijo este jueves que es «una abogada socialista, que ni siquiera es jueza por oposición».
Tras conocer el auto de la Audiencia, la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, manifestó que «estamos ante una situación de espionaje político del PP de Esperanza Aguirre contra el PP de Gallardón y Rajoy».
Prada, Cobo y Gallardón, sorprendidos
La reapertura por la Audiencia Provincial del caso del presunto espionaje a políticos del PP, entre ellos el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, ha sorprendido al Gobierno regional que considera un «récord» tanta rapidez en la Justicia.
El vicepresidente del Ejecutivo regional, Ignacio González, ha calificado de «sorprendente» que después de año y medio de instrucción y de que se archivara dos veces el presunto caso de espionaje, ahora, «en tan sólo 14 días», se nombra a una ponente -Luz Almeida Castro- y se reabre de nuevo la causa.
La Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid dio a conocer este miércoles el auto que estima el recurso de apelación presentado por el Grupo Socialista en la Asamblea regional contra el sobreseimiento del caso del presunto espionaje.
El auto de los tres magistrados del tribunal madrileño y del que es ponente Almeida estima que no existen motivos para proceder al sobreseimiento provisional y archivo de la causa, porque hay «indicios suficientes» de la comisión de delitos de malversación de caudales públicos.
El PP impugnó la apelación del PSOE al considerar que el delito de malversación no se pudo acreditar, y negó que los teléfonos o vehículos utilizados por los imputados -los funcionarios Sergio Gamón Serrano, José Oreja Sánchez, José Luis Caro Vinagre y Antonio Coronado Martínez- se destinaran con carácter principal a las actividades denunciadas.
Gómez acusa directamente a la Comunidad
El candidato socialista a la Presidencia autonómica, Tomás Gómez, dijo anoche en una entrevista en el programa ’59 segundos’ de TVE que espera se aclare si el espionaje se financió, «como parece, con el dinero de todos los ciudadanos», y apunto a que «probablemente haya fondos reservados en la Comunidad de Madrid».
En respuesta a esta acusación de Gómez, el vicepresidente Ignacio González le ha recomendado «prudencia» y le ha recordado que la número dos del PSM y ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz está condenada por malversación de fondos en la adjudicación de unas obras.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, también se ha referido este jueves en una entrevista en la cadena Cope a la decisión de la Audiencia y ha dicho que «deben ser los tribunales los que se pronuncien y no los políticos».
Gallardón ha mencionado que cuando el juez archivó el caso, tanto él como su vicealcalde, Manuel Cobo, dijeron que acataban la decisión de la Justicia, y ahora que se ha publicado una resolución «en sentido contrario» la respuesta es la misma.
El pasado 20 de enero, Cobo manifestó que si el juez no encuentra un «reproche penal» para determinadas actuaciones «lógicamente hay que archivar», pero que ocurre en este caso cuando es «muy difícil» encontrar cobertura en el Código Penal «para unos hechos que sí están probados».
Redacción