El consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Felip Puig, ha avanzado este jueves que preparan una normativa para combatir la prostitución en las carreteras y las calles de todos los municipios, y que permitiría sanciones administrativas tanto a las personas que la ejercen como a los clientes.
En una interpelación parlamentaria del diputado de C’s Jordi Cañas, ha remarcado que estudian «normas jurídicas» con el objetivo de homogeneizar las ordenanzas municipales y evitar que este tipo de prostitución se traslade de un municipio a otro.
En esta normativa se contemplará así como sujeto ilícito tanto a quienes se prostituyen en la calle y las carreteras como a sus clientes, dejando claro también que el objetivo es erradicar la prostitución en todos los ámbitos.
Así, ha anunciado que, después de las elecciones municipales, revisará la regulación de 2002 con los ayuntamientos para dar un paso adelante en el control, seguimiento y lucha contra la prostitución en establecimientos, y para ofrecer nuevas alternativas de formación, inserción laboral y asistencia a las víctimas de la explotación sexual.
Además de trabajar para aumentar y mejorar la coordinación departamental y entre instituciones, ha lamentado que la Generalitat no tenga el suficiente marco competencial para actuar en determinadas cuestiones en manos del Estado, que fija las conductas delictivas, la regulación de la Seguridad Social y los derechos laborales.
Ha recordado que el Código Penal no prohíbe la prostitución ni considera delito la prostitución voluntaria, y sí el proxenetismo, la explotación y el acoso sexual, y no ha descartado incidir para mejorar determinadas cuestiones que lleven a reducir esta actividad.
Y es que Puig ha resaltado que hay que luchar contra la idea de que la prostitución puede ser un trabajo, por lo que ha abogado por articular «nuevas respuestas, alguna regulación y un abordaje más intenso de esta problemática».
Es más, según Puig, antes que regular la prostitución voluntaria, la prioridad debe ser la persecución del crimen, explotación y riesgo de muchas personas que se ven obligadas a caer en la marginalidad y son víctimas de la explotación sexual.
A su juicio, el Gobierno catalán se equivocaría si priorizará la regulación de la prostitución voluntaria antes de combatir la explotación sexual, aunque no descarta hacerlo más adelante.
Jordi Cañas (C’s) ha instado al Ejecutivo catalán a actuar ante la falta de respuesta del Gobierno: «La prostitución hay que regularla, perseguirla o prohibirla, pero no ignorarla, porque lleva a la marginalidad».