La Audiencia Nacional ha asegurado este martes que «sin duda alguna» fue el Gobierno, y no la empresa armadora, el que pagó el rescate para la liberación del atunero vasco «Alakrana», liberado 47 días después de haberse producido el rapto, el 2 de octubre de 2009.
Así lo indica la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la sentencia por la que ha condenado a 439 años de cárcel a los dos piratas somalís «Abdu Willy» y «Raageggesey Adji Haman» por el secuestro del «Alakrana» y que fueron apresados el 2 de octubre de 2009 cuando abandonaban el buque.
Según el tribunal, presidido por la magistrada Ángela Murillo, «el resultado de la prueba practicada en el acto del juicio ha demostrado, sin duda alguna, que no ha sido la empresa armadora, sino organismos públicos vinculados al Gobierno español, quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes y del propio pesquero».
Por ello ha estimado «innecesaria» la petición de desclasificación de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que solicitó la defensa de los dos piratas.
A este respecto, el tribunal recuerda que el armador Kepa Etxebarria declaró en el juicio que un «negociador» por parte de los secuestradores, que se identificó como «Yama», se puso en contacto con él para reclamarle la liberación de los dos piratas apresados y un rescate de diez millones de dólares a cambio de la liberación del «Alakrana».
El armador explicó que un hombre que se identificó como «Pepe el de los misteriosos» negoció con los piratas el precio del rescate, que, según Etxebarria, «se redujo desde los diez millones iniciales a algo menos de la mitad».
Durante días «Yama» y «Pepe» negociaron el rescate y «llegados a un acuerdo sobre la cantidad inicialmente exigida», el 17 de noviembre de 2009 acudieron al atunero unos cuarenta secuestradores «a la espera de la recepción de la cantidad negociada, que fue arrojada, desde una avioneta, en el interior de dos cilindros que cayeron al mar junto al pesquero » y que fueron recogidos por los asaltantes que acto seguido abandonaron el buque, que quedó liberado.
Según el tribunal, la prueba «más contundente» para condenar a los dos piratas ha sido el testimonio de los tripulantes españoles que «han narrado, de viva voz, con la emoción propia de tener que recordar un período de tiempo que quisieran olvidar, no sólo el hecho de haber sido privados de libertad» sino «las vejaciones constantes» a las que fueron sometidos.
La sentencia, de la que ha sido ponente Carmen Paloma González, declara probado que el secuestro se produjo cuando el buque se encontraba a unas 120 millas náuticas de la costa de Somalia, «punto incluido en el área de operaciones definida por la Unión Europea para la operación Atalanta de lucha contra la piratería».
Ya con los asaltantes a bordo, su jefe, llamado «Elías», «conminó al patrón -Ricardo Blach- a cortar las redes», pero éste le trató de explicar que dado su enorme tamaño se tardaría menos en recogerlas, lo que le valió «una serie de culatazos» del rifle del pirata.
Posteriormente, los secuestradores «conminaron al capitán -Iker Galbarriatu- y al patrón a entregarles cuantos objetos de valor y dinero hubiera en la caja fuerte» y así obtuvieron unos 50.000 euros.
En la noche del 2 al 3 de octubre, los dos acusados abandonaron el pesquero en su esquife, lo que permitió que fueran interceptados por los servicios de vigilancia del Centro de Operaciones, Vigilancia y Acción Marítima (COVAM).
En el abordaje del esquife, en el que se encontraron, entre otros efectos, 16 bidones de combustible, seis móviles, una navaja de Albacete y 2400 dólares, se produjeron disparos al aire y uno de los piratas, «Raageggesey Adji Haman», fue alcanzado por uno de esos disparos cuando «se puso de pie, haciendo un movimiento sospechoso con la mano».
Tras la detención de los dos piratas, «aumentaron las formas de intimidación hacia la tripulación» y, en una «simulación de fusilamiento», les obligaron a subir al puente del «Alakrana» y «empezaron a disparar por encima de sus cabezas, ráfagas con rifles, metralletas montadas en sus trípodes y bazokas, burlándose y haciendo mofa del pánico que mostraban sus caras».
«Con esa misma intención de aumentar el miedo y el desasosiego a la tripulación -añade la sentencia-, les conminaron a llamar a sus familiares no sólo para informarles, de viva voz, de la desesperada situación en la que se encontraban, sino para hacerles saber que si los acusados no eran entregados o no se cumplían las condiciones que los secuestradores exigían, serían entregados a las familias de los acusados para que hicieran lo que quisieran».
«Para dar más verosimilitud al peligro de perder sus vidas», prosigue la resolución, los piratas simularon llevar a tierra a tres de los tripulantes.
El tribunal sostiene que las vejaciones a la tripulación «unas veces humillantes y otras escalofriantes» coincidían con «el vaivén de las negociaciones».
La sentencia establece que los tripulantes fueron sometidos a «vejaciones constantes» y por ello condena a los dos piratas a 36 años de cárcel por 36 delitos contra la integridad moral y a indemnizar a los secuestrados con 100.000 euros a cada uno por los daños morales.
A esos 36 años de cárcel hay que sumar 396 años de prisión por 36 delitos de detención ilegal, dos años por asociación ilegal y 5 años por robo con violencia, aunque han sido absueltos de los delitos de pertenencia a banda armada, terrorismo y torturas.
La Sala no ha creído la versión de los acusados, que aseguraron haber sido también ellos víctimas del secuestro mientras pescaban, y la califica de «increíble» porque además de carecer de «fundamento lógico», no llevaban en el esquife ningún artilugio de pesca.