- La Unión de Consumidores de España denuncia que la falta de sensibilidad de los partidos ante los consumidores es fruto de la presión de las grandes empresas y corporaciones que operan en sus territorios.
- La UCE reclama mayores inspecciones y que se pongan sanciones punitivas (que contemplen más cantidades que las indenmizaciones por los daños causados) ejemplarizantes a las corporaciones que vulneren la ley.
La “chulería” que muestran empresas como Ryan Air reclamando al Gobierno central la condonación de su deuda de 1,3 millones de euros por multas es un ejemplo manifiesto de la impunidad en que se mueven las grandes empresas en materia de consumo. Esta falta de sensibilidad de los partidos que gobiernan las administraciones públicas que reflejado de manera patente en la oferta electoral del 22-M.
La Unión de Consumidores de España (UCE) califica con un suspenso bajo los programas de los tres principales partidos que concurren a estos comicios y denuncia que esta “falta de respeto” a los ciudadanos obedece a que las Administraciones públicas se dejan presionar por las grandes empresas.
En un análisis de los programas de PSOE,PP e IU presentado el martes por la mañana en rueda de prensa, José Ángel Oliván, presidente de UCE, subrayó que la ausencia de propuestas de los partidos en defensa de los elementos más débiles en la cadena del mercado se debe a que “no se han tomado en serio la protección de los consumidores”.
Para esta organización resulta relevante que no exista un capítulo dedicado al consumo en los programas marco autonómico y municipal de PSOE, PP e IU y que apenas existan vagas referencias en algunos concretos de comunidades como Castilla y León, Extremadura o Rioja o en municipios como Madrid, Valencia o Zaragoza.
El análisis presentado por UCE hace hincapié en la evaluación de las propuestas de estas formaciones en base a un cuestionario centrado en tres grandes ejes: propuestas legislativas, compromisos presupuestarias para defender estos derechos y política de sanciones y concluye: “lamentablemente, y echando simplemente un vistazo a los resultados, estos no pueden ser más desalentadores. Las respuestas negativas [falta de propuestas] son abrumadoras”.
La ausencia de propuestas para aumentar las inspecciones y dotarlas de medios económicos para que sea efectiva refleja, en opinión de Oliván, una “relajación” por parte de las administraciones que “expresa una voluntad manifiesta de no molestar a las grandes empresas” y a que la defensa de los derechos de los ciudadanos se colocan en el furgón de cola.
A su juicio, el énfasis de los discursos se está poniendo en la creación de empleo y la crisis económica, pero los partidos se olvidan que “reactivar la economía pasa por la recuperación del consumo y que no se consume, entre otras cosas, porque cuando salimos a comprar tenemos la sensación de estar indefensos, que nuestros derechos no están protegidos”.
En este sentido, el presidente puso como ejemplo la falta de sanciones para compañías como Ryan Air, de quien depende la actividad de los aeropuertos de numerosas comunidades -si se marcha estarían condenados al cierre-, parte del empleo de la zona donde opera y que recibe, además, subvenciones de los gobiernos regionales. En esas condiciones no resulta chocante “la provocación mediática” solicitando que se le perdonen las multas y la falta de respuesta de las administraciones.
Oliván reclama que la defensa de los intereses de los consumidores se ponga en los primeros lugares de la agenda de los partidos políticos, aunque lamente que “parece que priman los intereses de las empresas antes que el de los ciudadanos”.
Sanciones punitivas
La UCE reclama que entre los compromisos de la cita electoral se incluyan propuestas concretas sobre la inspección -que se aumenten los controles de productos y empresas-, que se creen mecanismos de coordinación entre departamentos – el consumo y la defensa de los consumidores afecta trasversalmente a màs de una consejeria o concejalía- que se doten presupuestariamente a las partidas que tienen que ver con la defensa jurídica de los consumidores -organismos de arbitraje y defensa de la competencia- y demanda que las organizaciones de consumidores estén presentes en instituciones autonómicas como los Consejos Económicos y Sociales.
Del mismo modo, desde la UCE se alienta a los poderes legislativos autonómicos a que establezcan normas que contemplen, a imagen y semejanza del modelo anglosajón, sanciones punitivas para las empresas que vulneran la ley.
El marco legislativo y, por tanto, judicial en España establece que las empresas tengan que resarcir a los consumidores por el daño que han causado (las indemnizaciones que fijan los tribunales se limitan a evaluar los perjuicios provocados), pero no contempla una sanción económica elevada por el hecho de defraudar.
Unos cambios que a juicio de Oliván haría que cambiaran las actuales reglas del juego. “Establecer políticas sancionadoras efectivas que eliminen del mercado todo tipo de prácticas abusivas hacia los ciudadanos”, concluye el análisis presentado.
A pesar de estas carencias en los programas, la UCE confía que a lo largo de la campaña electoral los partidos politicos hagan públicas y concreten sus propuestas en materia de consumo “el ciudadano no puede desprenderse de su condición de consumidor, tanto de servicios públicos como de privados y su papel como agente económico y social es vital para el correcto funcionamiento de una sociedad”.
La aerolínea también confía en que sus pretensiones no caerán en saco roto.