Remedios Torres, la madre de María José Campanario, ha dicho hoy en el juicio por la «Operación Karlos» que confió en la gestión del exinspector de policía Carlos Carretero para resolver su pensión de invalidez «porque creí que se ofrecieron por amistad a mi yerno», el torero Jesulín de Ubrique.
En la sexta sesión del juicio en la Audiencia Provincial de Cádiz a una red acusada de obtener fraudulentamente pensiones de incapacidad laboral, Torres ha asegurado que en 1998 se le reconoció una minusvalía del 54 % y ha dicho que pese a ello ha trabajado toda su vida aunque solo había cotizado desde 1965 a 1974, nueve años y medio.
La madre de María José Campanario ha indicado que fue en una cena en Castellón, donde reside, cuando «José Luis López ‘el turronero’, -también acusado de estafa- me dijo que mi minusvalía se podía revisar».
A Carlos Carretero, principal cabecilla de la trama, lo conoció un día en casa de su hija, ha afirmado, el mismo día que «me trajeron unos papeles para que firmara un contrato de trabajo».
Torres ha señalado que «firmó los papeles sin leerlos previamente porque confiaba en estos señores» y que «pensé que se trataba de una autorización» aunque en la sesión de hoy ha aseverado que la firma que está en los documentos de su pensión de invalidez no es la suya.
La acusada ha destacado que pensó que «la intervención de Carretero se debía a la amistad que tenía con mi yerno -Jesulín de Ubrique-, a un favor que me hacían, y por ello no le di importancia al hecho de que lo llevaran a una gestoría».
A preguntas del fiscal sobre el pago 18.000 euros para obtener la pensión de invalidez de forma fraudulenta, ha subrayado que «no sabía que mi hija había pagado» y que «seguramente no me lo dijo porque no quería que me sintiera mal», y ha añadido que tampoco sabía nada de una reunión en Jerez entre Carretero y su hija en la que éste le reclamaba un dinero para gestionar la pensión.
La acusada, que ha repetido en varias ocasiones que tiene «muchos dolores, en la espalda y en el brazo», no le dio importancia a residir en Castellón y gestionar los papeles de su invalidez en Cádiz, y ha argumentado: «creí que era algo normal porque cuando me piden los papeles yo no sabía que no se pudieran hacer desde Castellón».
Por su parte, Rufino Mondéjar, uno de los médicos acusados de confirmar los partes de invalidez, ha declarado que «en ningún momento tomó parte de la estafa».
Las preguntas del fiscal y de la defensa se han centrado en un almuerzo entre el inspector médico Casto Lara, el exjefe de Policía Carlos Carretero y Rufino Mondéjar, y en el que supuestamente Carretero pidió a Mondéjar que reconociera a una persona «muy enferma».
Mondéjar ha señalado que «conoció a Carretero ese día» y que «si me hubieran mencionado algo de pensiones fraudulentas me hubiera levantado de la mesa y los hubiera dejado plantados».
La sesión ha terminado al filo de la una de la tarde y se reanudará el próximo 17 de mayo, día en el que se comenzarán con las escuchas de las cintas telefónicas grabadas durante la investigación.