El abogado de Baltasar Garzón ha pedido al Tribunal Supremo que absuelva al juez en la causa contra él por ordenar las escuchas en prisión entre los imputados en el ‘Caso Gürtel’ y sus letrados, ya que cree que esta decisión no constituye delito, era una medida necesaria y no fue impugnada por la Fiscalía.
Así lo indica el letrado Francisco Baena Bocanegra en el escrito de defensa que ha presentado en el alto tribunal, en el que asegura que Garzón «jamás» utilizó el contenido de estas grabaciones, que «fueron advertidas desde el primer momento por información facilitada por un funcionario a uno de los abogados».
La querella contra Garzón por estos hechos fue presentada el 9 de diciembre de 2009 por el abogado Ignacio Peláez, que defiende en el «caso Gürtel» al empresario José Luis Ulibarri, aunque posteriormente el Supremo admitió que se personaran también como acusaciones el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, y su segundo, Pablo Crespo, que aún permanecen en prisión.
El magistrado del TS Alberto Jorge Barreiro ordenó el mes pasado la apertura de juicio oral contra el juez, lo que motivó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le suspendiera cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional por segunda vez. Según Jorge Barreiro, los hechos constituyen indiciariamente un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.
Garzón, actualmente asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y que trabajará como consultor externo en la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de apoyo al proceso de paz en Colombia, fue suspendido por primera vez el año pasado tras la apertura de juicio dictada por el TS por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
La defensa subraya que la solidez de los indicios, singularmente aquellos que venían a revelar que algunos abogados aparecían interviniendo en operaciones de blanqueo de dinero, la «acreditada estructura societaria» y sus ramificaciones asentadas en paraísos fiscales «hacía de todo punto evidente que los imputados en prisión preventiva continuaran su actividad delictiva para la consecución de nuevos blanqueos».
«Acciones que -añade- dada su situación de prisión necesariamente habían de desarrollar mediante el concurso de terceras personas, abogados o no que eventualmente pudieran contactar con ellos mediante visitas y entrevistas en el centro penitenciario». Garzón recuerda que la citada medida no fue impugnada por el fiscal, que la entendió «ajustada a Derecho».
También recuerda que cuando el «caso Gürtel» pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la Brigada de Blanqueo de Capitales solicitó al instructor, Antonio Pedreira, la prórroga de la intervención de las conversaciones y éste accedió. Como pruebas para el juicio, el abogado pide la declaración de Ignacio Peláez, del magistrado Antonio Pedreira y varios policías.
Además, explica que ha decidido presentar este escrito pese a no contar con una copia de las diligencias instruidas por Garzón, que ha pedido en varias ocasiones. Esta documental, según añade, no está incluida en el CD que le fue entregado, por lo que la defensa lo ha devuelto.
Por su parte, la Fiscalía pide la absolución de Garzón, Peláez 10 años de inhabilitación y la defensa de Correa que sea inhabilitado 17 años.